En medio de la peor crisis económica en décadas, el régimen cubano insiste en una línea que ya resulta familiar: está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, pero sin tocar el núcleo del problema, su sistema político.

Así lo dejó claro una funcionaria diplomática de La Habana en Washington, quien aseguró que cualquier acercamiento con la administración de Donald Trump no incluirá reformas políticas ni cambios estructurales. Según afirmó, el modelo comunista de la isla “no está en discusión y nunca lo estará”.

El mensaje llega en un momento especialmente delicado. Cuba enfrenta apagones prolongados, escasez generalizada y un colapso económico que ha provocado un éxodo masivo.

Desde La Habana se insiste en que existe disposición a conversar “sobre cualquier tema”, siempre que se respete la soberanía del país. Sin embargo, ese discurso excluye cualquier posibilidad de apertura política, incluso cuando Washington —según reportes— habría planteado cambios en el liderazgo encabezado por Miguel Díaz-Canel.

El régimen mantiene así una postura rígida: acepta hablar de inversión extranjera o alivio económico, pero rechaza discutir libertades políticas, pluralismo o elecciones libres.

Esta posición no es nueva. En reiteradas ocasiones, Díaz-Canel ha dejado claro que Cuba está dispuesta al diálogo, pero “sin presiones” y sin concesiones políticas.

Como es habitual, las autoridades cubanas vuelven a colocar el foco en el embargo estadounidense como principal causa de la crisis. La diplomática reiteró que ese es el “verdadero obstáculo” para el desarrollo económico de la isla.

No obstante, múltiples análisis señalan que el deterioro del país responde a problemas estructurales internos, incluyendo un modelo centralizado ineficiente y la falta de reformas profundas.

Mientras tanto, la administración de Trump ha elevado la presión, sugiriendo que Cuba debería “llegar a un acuerdo” en medio del colapso energético y la pérdida de apoyo de aliados como Venezuela.

El régimen intenta proyectar una imagen de apertura económica, asegurando que está dispuesto a recibir mayor inversión estadounidense. Sin embargo, esta oferta se produce sin garantías de transparencia ni seguridad jurídica, y bajo un sistema donde el Estado mantiene el control absoluto.

En la práctica, esto limita el interés real de inversionistas y refuerza la percepción de que La Habana busca alivio financiero sin modificar las bases que han llevado al país a su actual crisis.

La postura oficial deja en evidencia una contradicción: el gobierno reconoce la gravedad del momento, pero se niega a abordar las causas profundas del deterioro.

Mientras millones de cubanos enfrentan apagones, escasez y falta de oportunidades, el régimen insiste en blindar su modelo político como línea roja.

Fuente: AFP

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