La llegada a Estados Unidos de exagentes del régimen cubano sigue generando indignación entre la comunidad exiliada. Un reciente reportaje de CubaNet expone el caso de Julker Maresma, un exoficial de la Seguridad del Estado en Baracoa, Guantánamo, quien ahora reside en Houston tras haber ingresado al país mediante el programa CBP-1.

Maresma ha sido identificado por activistas y periodistas como uno de los principales represores de la región. “Hizo registros en mi casa, me citaba, robaba mis medios de trabajo, me detenía, amenazaba con cárcel. Y eso se lo hacía a otros periodistas y opositores de Baracoa”, denunció Yoel Acosta, reportero exiliado en Uruguay, en declaraciones recogidas por CubaNet.

Según uno de los activistas hostigados por Maresma, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, el exagente pasó varios meses en México antes de cruzar la frontera hacia EE.UU. CubaNet verificó en sus redes sociales que desde 2022 ha publicado imágenes que evidencian su vida fuera de Cuba.

El caso de Maresma no es aislado. CubaNet también reveló la presencia de Eduardo Enríquez Blanco, un ingeniero vinculado al Ministerio del Interior (MININT) y a la empresa estatal DATYS, especializada en el desarrollo de software para vigilancia. Durante las protestas del 11 de julio de 2021, Enríquez Blanco se identificó como defensor del régimen, justificando la represión contra manifestantes pacíficos. Sin embargo, menos de dos años después, fue localizado en Miami, una ciudad que alberga a muchas de las víctimas de la dictadura cubana.

La presencia de exrepresores en territorio estadounidense ha motivado acciones desde el Congreso. El legislador cubanoamericano Carlos A. Giménez envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigiendo la identificación y deportación de individuos señalados como represores del castrismo. En su misiva del 19 de marzo, dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem, Giménez alertó que estas personas representan “una amenaza directa para nuestra seguridad nacional, la integridad de nuestro sistema migratorio y la seguridad de los exiliados cubanos y ciudadanos estadounidenses”.

La Fundación por los Derechos Cubanos, a través del proyecto Represores Cubanos, ha identificado al menos 108 exagentes del régimen que ahora residen en EE.UU. Muchos de ellos podrían haber ingresado al país aprovechando programas de parole o el asilo político, diseñados para proteger a las víctimas de la dictadura, no a quienes la ejecutaban.

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