Un hombre residente en West Little River, en el condado de Miami-Dade, fue arrestado esta semana acusado de haber cobrado de manera fraudulenta decenas de miles de dólares en beneficios del Seguro Social correspondientes a su madre, quien había fallecido en julio de 2020.

El detenido fue identificado como Baby Casseus, de 62 años, quien enfrenta cargos por hurto mayor y fraude organizado, luego de que una investigación de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) determinara que presuntamente continuó utilizando los fondos durante más de cuatro años tras la muerte de su madre, Rose Bien Aime Casseus.

De acuerdo con el informe de arresto, la mujer falleció el 21 de julio de 2020, pero los pagos del Seguro Social siguieron siendo depositados de forma regular en una cuenta del Bank of America que figuraba a nombre de la fallecida y de su hijo. Los depósitos se mantuvieron activos hasta diciembre de 2024, acumulando un monto que superó los 51,000 dólares.

Las autoridades señalaron que los pagos solo se detuvieron cuando el Seguro Social detectó oficialmente el fallecimiento de la beneficiaria. Para ese momento, la mayor parte del dinero ya había sido retirada de la cuenta. Según el informe, únicamente 11,473 dólares pudieron ser recuperados y devueltos al gobierno federal por el banco, mientras que el resto habría sido utilizado por el acusado.

La investigación fue iniciada tras una revisión interna de la SSA, que cruzó datos de defunciones con registros bancarios y detectó la irregularidad en los pagos. Posteriormente, el caso fue remitido a las autoridades locales, que procedieron con el arresto de Casseus.

El hombre fue ingresado en la cárcel del condado de Miami-Dade, donde compareció ante un juez al día siguiente de su arresto. Durante la audiencia, se le asignó un defensor público y se le impuso una fianza de 7,500 dólares, mientras el proceso judicial sigue su curso.

Las autoridades recordaron que el cobro de beneficios del Seguro Social tras el fallecimiento de un beneficiario constituye un delito federal y estatal, y advirtieron que estos casos pueden derivar en penas de prisión, además de la obligación de devolver el dinero obtenido de manera indebida.

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