Rafael Moreno, de 49 años, fue arrestado esta semana por la policía de Hialeah tras una investigación que lo señala como responsable de hacerse pasar por abogado de inmigración, sin contar con licencia para ejercer. El hombre había montado un falso despacho legal en el 1625 de Palm Avenue, desde donde ofrecía servicios a inmigrantes, principalmente para trámites de asilo.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que viajó desde Alabama hasta Hialeah luego de que un familiar comprara por 500 dólares una tarjeta de presentación del supuesto abogado en un supermercado. Convencida de que Moreno era un profesional con licencia, la víctima acudió a su oficina, donde él se presentó como abogado con 15 años de experiencia y le cobró 170 dólares por iniciar una solicitud de asilo.

Sin embargo, al regresar a Alabama y notar irregularidades en los documentos, la mujer se comunicó con la policía de Hialeah, lo que dio inicio a una operación encubierta. Un detective visitó la oficina haciéndose pasar por cliente y comprobó que Moreno continuaba ofreciendo servicios legales, cobrando por trámites migratorios y presentándose como abogado. Incluso señaló los diplomas en la pared como prueba de su supuesta experiencia profesional.

Las autoridades verificaron que desde el 16 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Florida había emitido una orden judicial permanente que prohibía a Moreno ejercer la abogacía. Además, confirmaron que no estaba registrado en el Colegio de Abogados de Florida.

El teniente Eddie Rodríguez, portavoz de la policía de Hialeah, afirmó que Moreno "se estaba aprovechando de personas honorables", muchas de ellas en situación vulnerable. También alertó sobre el peligro de confiar en supuestos abogados sin verificar su estatus legal.

El abogado penalista Andrés F. Vidal recordó que todo abogado autorizado en Florida debe tener un número registrado en el sitio oficial del Florida Bar, y recomendó a la comunidad verificar siempre la legitimidad de cualquier profesional del derecho antes de contratar sus servicios. “Es fácil entrar al sitio web del colegio de abogados y verificar si la persona está habilitada para ejercer”, afirmó.

Rafael Moreno enfrenta ahora dos cargos: uno por practicar la abogacía sin licencia y otro por certificar documentos sin cumplir los requisitos legales, lo que constituye un delito grave. Tras pagar una fianza de 5,000 dólares, fue liberado, pero deberá responder ante la justicia por sus acciones.

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