Un exfuncionario de alto rango de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y un supuesto cómplice fueron arrestados en Texas por su presunta participación en un esquema de corrupción que habría permitido acelerar y aprobar ilegalmente trámites migratorios a cambio de dinero.

Los detenidos son Lukman Owolabi Ganiyu, antiguo funcionario de USCIS, y Adeniyi Akeem Somoye. Ambos fueron arrestados el 2 de septiembre, después de que una denuncia penal presentada ante un tribunal federal los acusara de conspiración para recibir dádivas ilegales en su condición de funcionario público.

Según los fiscales, el supuesto esquema funcionó entre diciembre de 2019 y marzo de 2026. Durante ese período, Ganiyu habría utilizado su posición para intervenir en solicitudes de inmigración y aprobarlas a cambio de pagos.

Entre los trámites presuntamente manipulados figuran los formularios I-130, relacionados con peticiones familiares; I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o ajustar el estatus; I-751, para eliminar las condiciones de determinadas residencias; y N-400, correspondiente a las solicitudes de naturalización.

La acusación sostiene que Ganiyu habría eludido entrevistas obligatorias, revisiones de supervisores, restricciones jurisdiccionales, verificaciones de antecedentes y otros procedimientos establecidos por USCIS para acelerar determinadas solicitudes. Algunos de los beneficiarios, según los investigadores, presuntamente ni siquiera cumplían los requisitos establecidos por la legislación federal.

Los fiscales también alegan que Ganiyu y Somoye recibieron conjuntamente cientos de miles de dólares de solicitantes. Parte de esos pagos habría coincidido directamente con aprobaciones migratorias emitidas por el exfuncionario.

Las comunicaciones entre los involucrados constituyen otra pieza de la investigación. Las autoridades identificaron miles de mensajes de WhatsApp y cientos de llamadas entre Ganiyu, Somoye y personas cuyos expedientes migratorios estaban siendo procesados.

El fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, calificó el supuesto cobro de dinero a cambio de beneficios migratorios como un abuso de la confianza pública. El FBI, USCIS y la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional participaron en la investigación.

Ganiyu y Somoye comparecieron inicialmente ante un juez magistrado federal el 2 de septiembre. Cada uno enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión federal y una multa de hasta 250.000 dólares si son declarados culpables.

Fuente: Departamento de Justicia EE.UU.

Recomendado para ti