La Procuraduría General de Colombia suspendió provisionalmente a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, tras considerar que habría excedido sus funciones al ordenar la suspensión cautelar del presidente Gustavo Petro sin contar con competencia legal para hacerlo.

La medida disciplinaria mantendrá apartada a la legisladora hasta el 20 de julio, fecha en que concluye el periodo para el que fue elegida. El organismo de control también investiga si su actuación podría constituir un presunto delito de prevaricato por acción.

La controversia se originó después de que Arizabaleta emitiera una decisión para suspender temporalmente al mandatario colombiano en el marco de una investigación por una supuesta participación en actividades políticas relacionadas con la campaña presidencial en curso. La congresista argumentó que la permanencia de Petro en el cargo podría interferir en el desarrollo de las pesquisas.

Sin embargo, la Procuraduría concluyó que la representante carecía de facultades para adoptar una medida de esa naturaleza. De acuerdo con el marco constitucional colombiano, la Comisión de Investigación y Acusación puede adelantar indagaciones contra el jefe de Estado, pero cualquier eventual proceso sancionatorio debe ser llevado ante el Senado, que es la instancia con competencia para decidir sobre una suspensión presidencial.

El presidente Petro rechazó las acusaciones y afirmó públicamente que no ha intervenido en política electoral. En declaraciones ofrecidas durante una visita a Nueva York, aseguró que ya había aclarado esa situación y negó haber infringido las normas que regulan la actuación de los servidores públicos en periodos de campaña.

La investigación contra el mandatario se abrió tras varias denuncias que cuestionan sus pronunciamientos sobre el proceso electoral y sus comentarios en redes sociales respecto a distintos candidatos y figuras políticas.

La decisión de la Procuraduría deja sin efectos prácticos la medida adoptada por Arizabaleta y reaviva el debate sobre los límites de las competencias de los órganos de control y las garantías del debido proceso en las investigaciones contra altos funcionarios del Estado.

El caso continúa su curso en las instancias correspondientes, mientras las autoridades colombianas analizan las responsabilidades derivadas de la actuación de la congresista y el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el presidente Petro.

(Con información de CNN y EFE)

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