En un proceso que parece más orientado a sembrar el terror que a impartir justicia, se llevó a cabo recientemente en Matanzas el juicio oral y público contra un ciudadano acusado de sabotaje. El caso fue visto en la Sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana, con la presencia de familiares del acusado y autoridades judiciales.

El imputado, un trabajador que meses atrás laboró como custodio en la Empresa de Prefabricado y Premezclado de Jovellanos, habría ingresado a la instalación escalando el muro perimetral y cortado cuatro cables que conectaban la pizarra al sistema automatizado de la planta. Como resultado, se produjo la paralización temporal de la producción de materiales de construcción, afectando una entrega programada para la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y generando pérdidas estimadas en más de 174 000 pesos.

A pesar de que el daño fue rápidamente reparado y no comprometió de manera crítica la industria, la Fiscalía solicitó una sanción desmesurada de hasta 15 años de privación de libertad. Este pedido no responde únicamente a la supuesta gravedad del delito, sino que parece inscribirse en una estrategia del régimen cubano para enviar un mensaje de advertencia a la población: cualquier acción que pueda ser interpretada como un desafío al sistema será castigada con extrema dureza.

La fiscal del Departamento de Procesos Penales en la Fiscalía Territorial de Matanzas argumentó que este tipo de delitos afectan no solo a la economía del país, sino también a la estabilidad de las familias cubanas, haciendo énfasis en la necesidad de mantener el orden en un contexto de crisis y escasez. Sin embargo, más que una preocupación por la economía nacional, la severidad de la sanción solicitada deja en evidencia la intención de establecer un castigo ejemplarizante, con el fin de disuadir cualquier intento de protesta o desobediencia ante el creciente descontento popular.

El juicio en cuestión no es un caso aislado, sino parte de una tendencia en la que el Estado cubano endurece sus penas con el objetivo de sofocar el malestar social y evitar que se repitan episodios de inconformidad como los ocurridos en las protestas del 11 de julio de 2021. En un país donde el sistema judicial responde más a intereses políticos que a criterios de equidad, la condena contra este trabajador no busca justicia, sino infundir miedo en quienes osen desafiar las imposiciones del régimen.

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