La ciudad de La Habana está presenciando una transformación de sus espacios públicos emblemáticos, como la Tribuna Antimperialista y el Malecón habanero, en zonas arrendables con fines lucrativos.
El más reciente caso es la apertura de una convocatoria por parte de la Oficina del Historiador de La Habana para licitar espacios temporales en el Malecón, a precios que alcanzan los 150 pesos cubanos por metro cuadrado al día. Paralelamente, se ha informado que la Tribuna Antimperialista, símbolo político por excelencia, también comenzó a rentar locales con tarifas que pueden llegar hasta los 28.000 CUP diarios. Ambas acciones marcan un giro en la utilización del espacio público bajo el pretexto del desarrollo económico local, pero no están exentas de fuertes críticas.
La licitación promovida por la Oficina del Historiador tiene como fin declarado la revitalización del Centro Histórico de la capital cubana mediante proyectos de índole gastronómica, comercial y cultural. Se especifica que tanto entidades estatales como no estatales pueden participar, aunque se dará prioridad a los residentes de La Habana Vieja.
Los interesados tienen hasta el 30 de junio para presentar sus propuestas, y se exige que estén legalmente habilitados, en regla con sus tributos y que respeten condiciones estrictas relacionadas con diseño, sostenibilidad ambiental y horarios de servicio.
Las tarifas, que comienzan en 150 CUP por metro cuadrado diario, hacen que muchos emprendedores locales queden automáticamente fuera de competencia. Esto contrasta con el elevado costo de arrendamiento en la Tribuna Antimperialista, lo cual ha generado reacciones de asombro en un contexto económico donde el salario promedio mensual en Cuba apenas supera los 4.000 CUP.
“Lo que se presenta como una oportunidad para el desarrollo local es percibido por muchos como una fachada más para beneficiar a los allegados al poder. En la práctica, estos espacios rara vez llegan a manos independientes o verdaderamente comunitarias.” En un país donde las instituciones están bajo el control del Partido Comunista y no existen mecanismos independientes de supervisión, la desconfianza es generalizada.
Las licitaciones suelen resolverse en favor de familiares o conocidos de funcionarios, alimentando la percepción de corrupción sistemática.
La obligación de presentar la documentación de manera presencial en una única sede física y dentro de horarios restringidos añade obstáculos adicionales, sobre todo en una ciudad con problemas de transporte y acceso a información digital.
Detrás del discurso de regeneración urbana, se esconde un modelo que perpetúa la exclusión y favorece el enriquecimiento de una minoría. La ausencia de un sistema judicial independiente, la falta de mecanismos de rendición de cuentas y el entorno económico cada vez más precarizado, hacen que estos procesos estén lejos de ser transparentes o inclusivos.
En consecuencia, el uso del espacio público se transforma en otro frente de desigualdad y control, disfrazado de modernización y progreso económico.
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