Después de meses marcados por el maltrato, la impunidad y la desesperación familiar, Marlon de Jesús Cruz Espinosa, un niño cubano víctima de violencia doméstica, fue finalmente entregado a su abuela paterna, quien luchó durante más de un año por obtener su custodia.
La noticia fue confirmada este viernes por el activista Guillermo Rodríguez Sánchez, quien calificó el hecho como “un pedacito de justicia”. El caso de Marlon, originario de Holguín, conmocionó a la opinión pública por la gravedad de los abusos sufridos. Entre los incidentes más alarmantes se cuentan una herida con machete en medio de una pelea doméstica y la pérdida de varios dientes en otro episodio violento.
Las agresiones habrían ocurrido mientras el menor permanecía bajo el cuidado de su madre, Maylín Espinosa Gálvez, y su pareja, Hamilton Martínez, en un entorno marcado por relaciones disfuncionales y violencia reiterada. Las denuncias realizadas por familiares y vecinos no recibieron una respuesta clara por parte de las autoridades, lo que generó un fuerte reclamo en redes sociales.
“La entrega del menor no se produjo tras una resolución judicial visible, sino gracias a la presión ciudadana y la visibilidad que el caso alcanzó en redes”, explicó Rodríguez Sánchez. La pareja accedió a ceder la custodia en medio de un creciente rechazo vecinal que incluso los obligó a mudarse del barrio Cuatro Caminos, en Rafael Freyre, hacia el municipio de Antilla.
Hasta el momento, no hay evidencia pública de una intervención formal de las autoridades cubanas. No obstante, el niño ya se encuentra en un entorno seguro, junto a su abuela, lo que representa un alivio para la familia, aunque no una solución definitiva.
Este caso fue revelado poco después de otro trágico episodio: el asesinato en Matanzas del pequeño Roberto Carlos Suárez Machado, de apenas dos años, a manos de su padrastro, lo que encendió las alarmas sobre la realidad de la violencia infantil en Cuba.
“Esto no es justicia plena, es apenas un pedacito”, dijo la abuela del menor, consciente de que la protección a la infancia en la isla sigue dependiendo más de la presión popular que de mecanismos institucionales eficaces.
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