En una reciente visita de trabajo a la provincia de Holguín, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel responsabilizó al pequeño comercio privado por el incremento de los precios, calificando algunos de ellos como “abusivos” y “torturativos”. Estas declaraciones se producen en un contexto de crisis económica agudizada por la inflación y la escasez de productos básicos, donde los ciudadanos enfrentan diariamente un panorama de creciente precariedad.
“Dentro de las distorsiones de la economía, lo que más me llama la atención por los estados de opinión aquí es el tema de los precios. Veo más acentuada la crítica sobre los altos precios. Es igual que los precios no pueden ser los mismos que había hace 5 o 6 años atrás”, indicó el gobernante en un reporte del Canal Caribe.
“Pero no podemos permitir que haya precios abusivos y precios torturativos”, expresó Díaz-Canel, desviando la atención hacia los pequeños emprendedores mientras evita abordar las raíces estructurales de la crisis ni mucho menos tratar a los precios que imponen las tiendas en MLC.
El gobernante también arremetió contra las formas no estatales de comercio, señalando que “cada vez que un grupo de formas no estatales, de las que venden caro, se enteran que hay comprobaciones se retiran. Esa es la primera señal de que están inventando y hay que enfrentarlo”.
Aunque Díaz-Canel insiste en la necesidad de operar “dentro de la legalidad”, sus declaraciones no abordan las condiciones extremas que enfrentan los pequeños comerciantes, quienes operan en un mercado desprovisto de insumos básicos, con un suministro irregular y precios mayoristas que los obligan a establecer márgenes elevados para sobrevivir.
En lugar de reconocer las limitaciones impuestas por el propio sistema, el gobierno continúa utilizando al sector privado como chivo expiatorio. Al finalizar su intervención, Díaz-Canel anunció que enero traerá nuevas visitas a la provincia de Holguín, dejando entrever un futuro de mayor supervisión y control sobre los emprendedores, lo que podría profundizar la ya frágil situación del sector privado en Cuba.
Directamente proporcional a esto, está el último golpe de la dictadura al sector privado: la Gaceta Oficial de la República (Número 119) publicó la resolución 56 de la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, que cancela de oficio las licencias para ejercer la actividad mayorista otorgadas a micro, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas no agropecuarias. Esta medida, que entró en vigor el pasado 5 de diciembre, fue justificada como un intento de "ordenar" el comercio mayorista y minorista, pero representa otro varapalo para los emprendedores, quienes ya enfrentan enormes dificultades para operar en medio de la crisis económica.
Además, en julio último, Díaz-Canel dejó clara la postura del régimen hacia el sector privado cuando declaró: “¡Es hora de pasar a la acción!”.
Con esta frase, el gobernante confirmó el viraje del régimen cubano en su política de tímida apertura económica y ratificó su voluntad de someter la actividad de los “nuevos actores económicos” a las directrices estatales y a la planificación centralizada de la economía.
El gobierno cubano ha implementado varias medidas, incluyendo la cancelación de licencias mayoristas para Mipymes y cooperativas, y la imposición de multas por incumplir los precios fijados. Además, han establecido topes de precios para ciertos productos básicos y han retirado licencias de importación a algunas empresas privadas.Estas regulaciones gubernamentales han afectado negativamente al sector privado en Cuba, limitando su capacidad para operar eficientemente. Estas medidas pueden tener efectos adversos en el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar social.
Las acciones de Díaz-Canel, como la supervisión y control sobre los emprendedores privados, se perciben como una estrategia represiva que utiliza al sector privado como chivo expiatorio de la crisis económica, mientras evita abordar las verdaderas raíces estructurales del problema.
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