El Gobierno cubano aprobó nuevos incentivos fiscales dirigidos a empresas estatales, negocios privados y personas naturales que financien inversiones en infraestructuras y servicios sociales, una medida que busca atraer recursos para sectores afectados por el deterioro de las instalaciones y la falta de financiamiento estatal.
La disposición aparece recogida en la Resolución 208, de 25 de septiembre de 2026, publicada este lunes 16 de noviembre en la Gaceta Oficial de la República, número 95, según informó el Ministerio de Finanzas y Precios.
La normativa contempla beneficios tributarios para quienes aporten dinero o recursos destinados a la construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas, policlínicos, hogares de ancianos, centros culturales e instalaciones deportivas, entre otros proyectos de carácter social.
Entre los incentivos aprobados figura una deducción del impuesto a pagar equivalente al 20 % de la inversión realizada. Este beneficio podrá aplicarse durante un período de hasta cinco años.
Asimismo, quienes efectúen donaciones en efectivo o en especie a entidades estatales dedicadas a actividades sociales podrán descontar del impuesto correspondiente un importe equivalente al 10 % de la donación, ya sea del Impuesto sobre Utilidades o del Impuesto sobre los Ingresos Personales, según corresponda.
La resolución también establece una tasa reducida del Impuesto sobre Utilidades durante los primeros cinco años de funcionamiento para los actores económicos que destinen al menos el 50 % de su actividad a la prestación de servicios sociales. Estos podrán beneficiarse, además, de la exención del Impuesto Aduanero por la importación de equipos y tecnologías necesarios para desarrollar esos servicios.
El Ministerio de Finanzas y Precios será el encargado de supervisar la aplicación de los beneficios, en coordinación con la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), y evaluar los resultados de la medida.
La decisión llega en un contexto de profunda crisis económica, marcado por el deterioro de hospitales y escuelas, la escasez de recursos materiales y las dificultades del Estado para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos.
Aunque el Gobierno presenta estos incentivos como una vía para estimular la participación de los diferentes actores económicos, la disposición también evidencia la necesidad de recurrir a capital externo al presupuesto estatal para financiar infraestructuras y servicios que tradicionalmente han estado bajo responsabilidad del Estado cubano.