El régimen iraní reconoció por primera vez una cifra cercana a los 2.000 muertos durante la represión de las protestas que sacuden al país desde hace dos semanas, en lo que constituye el mayor desafío interno para la teocracia en al menos tres años. El reconocimiento, revelado por un funcionario iraní a la agencia Reuters bajo condición de anonimato, se produjo en medio de una creciente alarma internacional por el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes.
Según esa versión oficial, entre los fallecidos hay tanto civiles como miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las autoridades atribuyeron las muertes a la acción de “terroristas” y acusaron a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios, desencadenados —según admiten— por la grave crisis económica que atraviesa el país. El funcionario no ofreció un desglose detallado de las víctimas ni pruebas que respalden la narrativa oficial.
La cifra reconocida por Teherán contrasta con los datos difundidos por organizaciones independientes. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos y considerada una fuente fiable en protestas anteriores, ha confirmado al menos 646 muertes desde el inicio de las manifestaciones. Otras estimaciones son aún más elevadas: el canal Iran International aseguró que más de 12.000 personas habrían muerto, principalmente durante dos noches de represión particularmente intensa, y calificó los hechos como “la mayor matanza en la historia contemporánea de Irán”.
Iran International afirmó que sus cifras se basan en información proveniente de fuentes cercanas al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, funcionarios de la oficina presidencial y miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, además de testimonios de testigos, familiares de víctimas, reportes médicos y datos de hospitales en ciudades como Mashhad, Kermanshah e Isfahán.
La dificultad para verificar de manera independiente estas cifras se debe, en gran parte, a las severas restricciones impuestas por el régimen. En los últimos días se han reportado apagones de internet y limitaciones a las comunicaciones, lo que ha obstaculizado el flujo de información desde el interior del país.
En este contexto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó una profunda preocupación por la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes. El alto comisionado, Volker Türk, dijo estar “horrorizado” por el incremento del uso de la fuerza contra protestas que, en su mayoría, han sido pacíficas. “Este ciclo de violencia horrífica no puede continuar. El pueblo iraní y sus demandas de justicia, igualdad y equidad deben ser escuchadas”, afirmó en un comunicado leído por el portavoz del organismo, Jeremy Laurence.
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