El régimen de Cuba reconoció ante el Comité contra la Tortura de la ONU que un promedio de unos 100 presos al año mueren en las cárceles de la Isla, informó este viernes ese comité en las observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Cuba.
"El Comité lamenta que el Estado parte (Cuba) no haya presentado información estadística completa respecto de las personas privadas de libertad fallecidas durante el período en examen. Durante el periodo examinado el Estado parte registró un promedio de unas 100 muertes en custodia al año, sin que en ningún caso se determinara la responsabilidad de servidores públicos ni se detectaran signos de violencia corporal durante las autopsias", señaló.
Según la información brindada por el régimen, las enfermedades cardiovasculares serían la principal causa de deceso entre la población reclusa.
Los representantes cubanos dijeron que entre 2016 y 2019, la Fiscalía Militar investigó ocho quejas presentadas en relación al fallecimiento de personas privadas de libertad y que como resultado de las investigaciones correspondientes se advirtieron quebrantamientos en tres casos, aplicándose medidas disciplinarias, sin especificar, a tres funcionarios.
El Comité contra la Tortura de la ONU lamentó que el Estado parte (Cuba) no haya facilitado la información requerida sobre las muertes del Sr. Alejandro Pupo Echemendía, quien habría fallecido en custodia policial en Placetas, Villa Clara, y del Sr. Reidel García Otero, recluso de la prisión de Valle Grande.
Alejandro Pupo Echemendía murió el jueves 9 de agosto de 2018. "Los muros de las celdas de la unidad policial de Placetas, Villa Clara, se salpicaron con la sangre inocente del jóven de 46 años de edad. Falleció como consecuencia de la tunda de palos, bastonazos, golpes de tonfas, patadas, estrellones contra el suelo que le propinaron los militares de allí, mientras Pupo Echemendía convulsionaba producto a una crisis nerviosa que padecía como consecuencia a una injusta acusación de la que estaba siendo víctima", denunció entonces el activista Jorge Luis García Pérez Antúnez en Facebook.
Reidel García Otero, recluso de Valle Grande, murió el 23 de enero a los 30 años de edad, informó Cubanet. "Hasta ahora no he recibido ninguna respuesta, pero nadie se muere de catarro. Por eso tengo mi lucha y la voy a seguir. A lo mejor me vuelven a decir lo mismo, pero yo voy a seguir, y voy a seguir", dijo entonces su madre Delia Otero González.
El Comité contra la Tortura de la ONU recomendó al Gobierno de Cuba que debe "asegurar que todos los casos de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial por un órgano independiente, teniendo debidamente en cuenta el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas".
En Cuba deben "investigar cualquier posible responsabilidad de funcionarios públicos en la muerte de personas en custodia, y cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una indemnización justa y adecuada a los familiares".
Las autoridades cubanas deben "compilar y publicar información pormenorizada sobre los casos de muerte de personas privadas de libertad y las causas".
Así mismo, en Cuba deben potenciar las medidas para mejorar la calidad de la atención médica y sanitaria que se dispensa a las personas privadas de libertad, revisar la eficacia de las estrategias y programas de prevención del suicidio y de la violencia entre reclusos. También debe evaluar los programas existentes de prevención, detección y tratamiento de las enfermedades crónicas, degenerativas e infecciosas en las cárceles, agregó el Comité contra la Tortura de la ONU en sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Cuba.