Un nuevo plan legislativo impulsado por legisladores republicanos ha abierto el debate en Washington tras incluir una partida de hasta mil millones de dólares para reforzar la seguridad en el complejo de la Casa Blanca, en el contexto de la construcción de un gran salón de baile promovido por el presidente Donald Trump.
Aunque el mandatario había asegurado en reiteradas ocasiones que el proyecto sería financiado completamente con aportes privados, la iniciativa presentada en el Senado contempla recursos públicos destinados a mejoras de seguridad vinculadas a la obra.
El proyecto fue introducido por el senador Chuck Grassley como parte de un paquete legislativo más amplio enfocado en temas de inmigración y seguridad fronteriza. Dentro de ese marco, se incluye financiamiento para ajustes en el perímetro de la Casa Blanca y mejoras solicitadas por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, tanto en superficie como en estructuras subterráneas.
Desde la Casa Blanca, el portavoz Davis Ingle defendió la propuesta, argumentando que responde a preocupaciones reales de seguridad, especialmente tras un incidente armado ocurrido recientemente durante un evento público en Washington. Según el gobierno, el nuevo espacio no solo funcionaría como salón de eventos, sino también como una instalación más segura para actividades oficiales de gran escala.
Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas entre legisladores demócratas, quienes cuestionan que los contribuyentes asuman costos que inicialmente se habían descartado. El senador Richard Blumenthal calificó la situación como un incumplimiento de las promesas iniciales, mientras que Chris Coons expresó dudas sobre la magnitud del gasto proyectado.
Por su parte, el senador Brian Schatz anunció que buscarán eliminar esa asignación presupuestaria cuando el proyecto llegue al pleno del Senado, lo que anticipa un nuevo enfrentamiento político en torno al tema.
El proyecto del salón de baile, que según estimaciones iniciales tendría un costo de entre 300 y 400 millones de dólares financiados por donaciones privadas, ha evolucionado hacia una estructura más compleja. Documentos oficiales señalan que incluiría características avanzadas de seguridad, como resistencia ante ataques con drones, instalaciones médicas subterráneas y refugios reforzados.
Además del debate político, la obra enfrenta desafíos legales. Un tribunal federal ha cuestionado la falta de autorización del Congreso para avanzar en la construcción, lo que mantiene el futuro del proyecto en revisión judicial mientras continúan las obras.
Fuente: NBC News
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