Una propuesta legislativa impulsada por el congresista republicano Brian Mast ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos civiles y ciudadanos estadounidenses. Según reveló el medio The Intercept, el proyecto daría al secretario de Estado Marco Rubio el poder para revocar o negar pasaportes a ciudadanos acusados de brindar "apoyo material" a organizaciones consideradas terroristas, incluso sin condena judicial.
El problema central radica en que el proyecto no requiere una sentencia judicial ni pruebas presentadas ante un tribunal. Basta con una acusación administrativa, lo que según expertos abre la puerta a una aplicación arbitraria y a posibles abusos de poder.
Para la ACLU y la Freedom of the Press Foundation, esta iniciativa podría violar la Primera Enmienda de la Constitución, al castigar indirectamente opiniones o asociaciones políticas bajo el pretexto de "seguridad nacional".
Uno de los temores más extendidos es que la ley se convierta en una especie de “policía del pensamiento”, como alertó Seth Stern, de la Freedom of the Press Foundation. El riesgo es especialmente alto para periodistas, activistas y críticos de la política exterior estadounidense, quienes podrían ser penalizados por su discurso sin haber cometido ningún delito.
Casos previos ya han encendido las alertas: la cancelación de visas a extranjeros por publicar artículos críticos sobre Israel, como ocurrió con la estudiante turca Rümeysa Öztürk, son ejemplo de cómo esta política podría escalar hacia los propios ciudadanos.
Aunque se menciona un proceso de apelación, este se haría ante el mismo secretario de Estado, sin garantías de imparcialidad ni revisión judicial independiente.
Por ahora, no hay registro oficial del proyecto en los portales del Congreso, lo que obliga a tratar esta información con cautela. Sin embargo, la sola posibilidad de que se debata una medida así ya genera inquietud y exige vigilancia ciudadana.
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