La congresista republicana María Elvira Salazar reafirmó su postura firme sobre la política migratoria en Estados Unidos al defender con énfasis su proyecto conocido como la Ley de Dignidad, una ambiciosa reforma que endurece el control fronterizo y mantiene las deportaciones, incluyendo a aquellos que ingresaron al país durante la administración de Joe Biden.
Esta posición genera preocupación entre miles de inmigrantes, especialmente cubanos y venezolanos que llegaron bajo mecanismos recientes como el I-220A, CBP One o el parole humanitario.
En una declaración publicada en la red social X, Salazar respondió de manera directa al activista conservador Charlie Kirk, quien criticó su propuesta acusándola de ser una forma encubierta de amnistía. Kirk aseguró que el plan protegería de la deportación a inmigrantes ilegales presentes en el país antes de 2021, y que eso iría en contra del mandato de los votantes estadounidenses que apoyan medidas migratorias más estrictas.
“Charlie, no hay trucos. No hay palabras mágicas. Las deportaciones de criminales y de cualquiera que haya estado bajo el gobierno de Biden continuarán”, replicó Salazar, dejando claro que su propuesta no detendrá las deportaciones masivas para quienes no puedan probar una estancia prolongada y legal en el país.
La congresista detalló que los mecanismos para verificar el tiempo de permanencia incluyen entradas en pasaporte, registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), comprobantes de empleo o pagos de impuestos.
“La carga de la prueba recae en el individuo. Si no puede demostrarlo, no califica”, subrayó Salazar. También reiteró que su proyecto no incluye ciudadanía automática ni beneficios directos, desmarcándose así de cualquier etiqueta de amnistía.
La Ley de Dignidad contempla un sistema basado en dos etapas: el Programa Dignidad, que permite obtener un estatus legal temporal bajo condiciones estrictas, y el Programa Redención, que ofrece la posibilidad de residencia permanente tras cumplir con años adicionales de trabajo, buena conducta y obligaciones fiscales.
Salazar argumenta que su proyecto busca restablecer el control de la frontera, imponer una verificación electrónica de empleo a nivel nacional y promover “orden, dignidad y estabilidad económica”.
Sin embargo, entre comunidades migrantes se percibe un creciente temor, especialmente en aquellos que llegaron durante los años recientes, sin una ruta clara hacia la regularización.
"La Ley Dignidad no es una vía hacia la ciudadanía ni otorga ayudas. Es un camino exigente que premia el esfuerzo, no la entrada ilegal", sostuvo la legisladora. Pero entre los cubanos con documentos I-220A o I-220B, muchos de los cuales aún esperan resolución a sus casos, la incertidumbre crece ante la posibilidad de ser deportados si no cumplen con los criterios establecidos por la propuesta.
Mientras el debate político se intensifica, miles de inmigrantes se ven atrapados entre reformas en discusión, decisiones judiciales y cambios administrativos que podrían definir su futuro en Estados Unidos.
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