El Gobierno cubano ha iniciado una ola de procesos penales en La Habana, Mayabeque y Ciego de Ávila para intimidar y silenciar a quienes, cansados de las penurias, se atreven a protestar pacíficamente contra la falta de alimentos, el deterioro del sistema eléctrico y las miserias diarias. En lugar de atender las legítimas demandas de una vida digna, el régimen responde con medidas represivas, tachando de "delincuentes" a los manifestantes que solo buscan un cambio para el bien común.
La Fiscalía General de la República anunció cargos de "atentado," "desórdenes públicos," y "daños" contra varios ciudadanos, a quienes se les ha impuesto prisión provisional. Esto incluye acusaciones de agresiones a autoridades, una táctica habitual de la dictadura para justificar la represión y desviar la atención de la verdadera crisis que atraviesa el país.
En su comunicado, la Fiscalía intenta presentar a las autoridades como figuras abnegadas, ocultando el despliegue de un aparato represivo que busca impedir cualquier cuestionamiento. Lejos de respetar el derecho ciudadano a expresarse, el régimen promueve el miedo y el silencio.
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