En un contexto migratorio cada vez más tenso, familias cubanas que llegaron a Estados Unidos buscando refugio bajo la Ley de Ajuste Cubano enfrentan un drama inesperado y angustiante. En lugar de encontrar amparo legal, muchos padres han sido acusados de “tráfico de personas” por haber ingresado al país con sus propios hijos menores.
Esta situación, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), ha derivado en la negación de sus solicitudes de residencia permanente, a pesar de que cumplieron con los requisitos establecidos por la ley, incluyendo el año y un día de permanencia en territorio estadounidense.
"La acusación de que estos padres cometieron un delito por cruzar la frontera con sus hijos roza lo absurdo y ha sumido a decenas de familias en un limbo jurídico y emocional." Mientras tanto, sus hijos sí han recibido estatus legal, lo que agrava aún más la paradoja: padres considerados delincuentes mientras sus propios hijos son legalmente reconocidos como beneficiarios de protección.
Este fenómeno no se ha presentado de manera uniforme en todo el país. La mayoría de los casos reportados hasta el momento provienen de una sola oficina de USCIS ubicada en Spokane, Washington. De acuerdo con testimonios recabados por Periódico Cubano, al menos diez familias han recibido negaciones con argumentos similares y en fechas consecutivas, lo que sugiere un patrón de actuación aislado pero consistente dentro de esa oficina.
"Lo más inquietante es que los textos de las negaciones parecen estar redactados con el mismo lenguaje, casi como si se usara una plantilla genérica para justificar decisiones que afectan profundamente la vida de estas familias." Algunos abogados han comenzado a cuestionar si se trata de una interpretación estricta y fuera de contexto por parte de uno o varios funcionarios específicos.
En marcado contraste, padres cubanos en otras regiones del país que ingresaron de manera similar han podido regularizar su estatus sin enfrentar tales cargos. La discrepancia ha levantado preocupaciones entre activistas y defensores de derechos humanos, quienes señalan que esta aplicación desigual de la ley socava la confianza en el sistema migratorio.
El abogado Wilfredo Allen, en entrevista con Univision, fue enfático: “Los padres no son criminales por entrar con sus hijos. Lo que están haciendo es castigar a las familias”. Añadió que, aunque probablemente estas personas no serán deportadas tras un proceso judicial, el daño ya está hecho: sus vidas están detenidas, y la incertidumbre reina.
Este caso refleja un conflicto profundo entre la letra de la ley y su aplicación práctica, donde decisiones arbitrarias pueden tener consecuencias devastadoras. La función protectora de la Ley de Ajuste Cubano parece diluirse cuando se convierte en herramienta de exclusión.
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