La detención de Federica Mogherini, ex vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores entre 2014 y 2019, ha sacudido a las instituciones europeas. La también rectora del prestigioso Colegio de Europa permanece bajo custodia policial mientras avanza una investigación por presunto fraude relacionado con programas de formación financiados por la UE para jóvenes diplomáticos.
Según la Fiscalía Europea, el caso investiga posibles delitos de corrupción, conflicto de intereses, fraude en la contratación pública y violación del secreto profesional. Las detenciones —tres en total— se produjeron tras registros simultáneos en las oficinas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas y en la sede del Colegio de Europa en Brujas. Entre los arrestados se encuentran Mogherini, el diplomático italiano Stefano Sannino, ex secretario general del SEAE, y un directivo del Colegio de Europa.
La operación, que involucró a la policía federal belga, a la Fiscalía Europea (EPPO) y a la Oficina Antifraude (OLAF), apunta a un presunto amaño en la adjudicación de cursos para diplomáticos, aprobados mientras Mogherini aún tenía influencia directa dentro del servicio diplomático europeo. La Comisión Europea, a través de su portavoz Anitta Hipper, confirmó que los hechos investigados corresponden a un período previo al mandato de Josep Borrell, aunque evitó profundizar en detalles por tratarse de una investigación en curso.
Sin embargo, el escándalo no solo reabre dudas sobre prácticas internas dentro del SEAE, sino también sobre la trayectoria política de Mogherini, especialmente su papel en el acercamiento de la Unión Europea a la dictadura cubana. Durante su mandato, la exdiplomática se convirtió en una de las principales impulsoras de la normalización con La Habana, terminando con la Posición Común de 1996 —que condicionaba las relaciones al respeto de los derechos humanos— y promoviendo el histórico Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado en 2016.
Mogherini visitó Cuba en varias ocasiones, siempre con un tono elogioso hacia el régimen. Celebró públicamente “una nueva etapa” con el gobierno de Raúl Castro, defendió el apoyo europeo al proceso de “modernización económica” de la isla y subrayó la “confianza mutua” entre Bruselas y La Habana. Su presencia en reuniones de alto nivel, incluidas conversaciones de más de tres horas con el entonces gobernante cubano, dejó claro su compromiso con una línea política que, según críticos, terminó beneficiando al gobierno cubano sin exigir avances reales en derechos humanos.
Durante sus encuentros con ministros como Bruno Rodríguez o Marino Murillo, Mogherini reiteró que la UE estaba “dispuesta a ampliar las relaciones económicas” con la isla. Además, bajo su liderazgo, se consolidaron proyectos de cooperación por más de 140 millones de euros destinados a sectores estratégicos para el régimen.
Hoy, mientras avanza una investigación que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos recientes dentro de las instituciones europeas, resurgen interrogantes sobre las alianzas políticas que Mogherini cultivó durante su mandato. Su cercanía con La Habana, vista entonces como un gesto diplomático, adquiere ahora una dimensión distinta bajo la sombra del presunto fraude que enfrenta.
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