Un dependiente que lanzó un recipiente con agua a una mujer mayor en el municipio de Diez de Octubre, fue uno de los casos de maltrato a la población en el sector del comercio estatal analizados el martes por funcionarios en la capital cubana.
De acuerdo con un reporte de la prensa oficialista local, el incidente involucró a una consumidora del Consejo Popular Tamarindo, quien acudió al establecimiento con el fin de adquirir el polvo para batido que les correspondía a los menores de su familia.
“No solo se lo negaron, sino que en la discusión con el dependiente, le fue lanzado un recipiente con agua”, indica la publicación de Tribuna de La Habana, que refiere otros casos como una persona que llegó a Centro Habana, procedente del Cotorro, porque desde allá la remitieron para solucionar su situación, en vez de responderle en el lugar de origen.
“No pocas veces, o mejor, la mayoría de las veces, la falta de información, el maltrato y respuestas inadecuadas e irrespetuosas sobre productos y servicios, provocan quejas e insatisfacciones de la ciudadanía. Incluso, cuando no se puede solucionar por llegada tardía del producto u otra causa, una explicación evita enojos y molestias”, reconoce el semanario.
Varios trabajadores y funcionarios se reunieron durante el I Taller de Atención Ciudadana del sector de comercio interior, organizado por el Gobierno Provincial del Poder Popular y la Dirección Estatal de Comercio de la capital.
Al intercambio asistieron representantes de empresas provinciales y municipales, Tiendas Caribe, CIMEX, la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria y el sindicato del ramo, entre otros. El encuentro estuvo presidido por María del Carmen Cedeño, directora de Atención a la población del Consejo de Ministros; Elizabeth Sosa Prego, jefa de Departamento de supervisión de la Dirección de Atención a la Ciudadanía de la Fiscalía General de la República; y Neolamis Norma Pérez, miembro del secretariado del Sindicato Nacional.
La directora de la Dirección Estatal de Comercio de La Habana, Glenis González Almaguer, señaló en un informe que al atender las preocupaciones de la población “no se logró tener un mejor desempeño, a partir de que no se realizó un correcto tratamiento y cumplimiento de la política definida para este medular asunto”.
Según el informe, entre las principales preocupaciones de los consumidores estuvieron la insuficiente información sobre productos y servicios por parte del personal de contacto, desabastecimiento de productos, atrasos en la distribución de surtidos de la canasta familiar normada, atrasos en la reposición de productos por robo, violaciones de precio, peso y en la entrega de artículos controlados en las cadenas de tiendas, incumplimiento del horario de servicio, no disponibilidad de moneda fraccionaria, mala calidad y bajo peso del pan normado.
Las mayores incidencias se reportaron en los municipios de Playa, Plaza, Centro Habana, San Miguel del Padrón, Diez de Octubre, Boyeros y Arroyo Naranjo. A consecuencia de las mismas, se han aplicado medidas disciplinarias como amonestaciones, demociones y separaciones definitivas de la entidad.
Asimismo, reconoce que las mayores insatisfacciones se concentran en las cadenas de tiendas Caribe y CIMEX, que son motivo de quejas y desorden público. Las autoridades habaneras adoptaron nuevos mecanismos: pollo, picadillo, aceite, salchichas y detergente.
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