Más de 500 quintales de plátano decomisados por las autoridades en Las Tunas comenzaron a venderse este viernes en puntos habilitados del municipio cabecera, en un intento del Gobierno provincial de revertir parte del desabastecimiento que afecta a la población cubana.
El plátano, que sumó 508,42 quintales, fue entregada a la Empresa de Acopio para su distribución prioritaria a instituciones del sector social, incluyendo hospitales, hogares maternos y centros educativos. Entre los beneficiados están los hospitales Pediátrico, Psiquiátrico y Ernesto Guevara, el Centro Psicopedagógico, el Hogar de Ancianos, así como círculos infantiles, la escuela profesional de arte (EPA) El Cucalambé, la escuela de iniciación deportiva escolar (EIDE), el centro mixto Simón Bolívar y las sedes de Ciencias Médicas y del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).
Según el Gobierno tunero, la medida busca garantizar dietas médicas especiales, un servicio que en períodos anteriores no se había cumplido con regularidad debido a la escasez de alimentos. La venta al público quedó limitada a 10 libras por persona a un precio de 35 pesos cubanos por libra. Los puntos habilitados incluyen los mercados El Mambí, Leningrado, El Tunero y las placitas 9, 7, 16, 18, 33, 34, 63 y Petrocasas, con prioridad para donantes de sangre y mujeres embarazadas.
Aunque las autoridades presentan la medida como un beneficio para la población, la acción evidencia la precariedad del sistema de distribución de alimentos en Cuba y cómo el Estado recurre al decomiso de productos para paliar la escasez que golpea a los ciudadanos.
El decomiso forma parte de una serie de operativos de “control y disciplina social” ejecutados entre el 3 y el 10 de marzo, durante los cuales el Grupo Provincial de Inspección realizó 328 acciones en todo el territorio. Como resultado se aplicaron 328 multas que superaron 1,5 millones de pesos, principalmente por incumplimiento de políticas de bancarización, trabajo por cuenta propia sin documentación y ventas de productos agropecuarios a precios abusivos o especulativos.
Además, las autoridades realizaron 29 ventas forzosas como medida adicional de control, siguiendo normativas derivadas del Decreto 30/21 y el Decreto-Ley 91/24. Según el Gobierno provincial, estas acciones buscan “proteger a las familias tuneras frente a la especulación y el abuso”.
Sin embargo, la dependencia del decomiso y la venta regulada como mecanismo para garantizar alimentos revela la profunda crisis del abastecimiento en Cuba y la incapacidad del régimen para garantizar productos básicos a la población. Mientras las autoridades se enfocan en el control y la disciplina social, millones de cubanos siguen enfrentando limitaciones de acceso a alimentos esenciales, y las medidas de decomiso representan más un parche que una solución estructural al problema de desabastecimiento que persiste en la isla.
Fuente: Periódico 26 y Claridad Tunera
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