Grupos de cubanos exiliados enviaron una denuncia a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE, patronal), contra las empresas Meliá e Iberostar por “financiar a la dictadura” en la isla.
El Consejo Europeo-Cubano y Cubanos por la Democracia cuestionaron a las hoteleras por “asociar su marca y su prestigio, al descrédito del gobierno cubano, criminal y mafioso”.
En declaraciones del abogado Julio Rodríguez Pellitero a Martí Noticias dijo que
“Meliá e Iberostar deben cumplir en Cuba con las políticas de responsabilidad social corporativa y con los códigos éticos obligatorios para las empresas europeas. Están asimismo obligadas a respetar los derechos de los trabajadores, a que sus salarios sean dignos”.
“Estas empresas pueden y deben ser sancionadas por una actividad que incumple la normativa internacional. En la carta se les invita a adoptar medidas de rectificación de las actuaciones y negocios de hoteleros en Cuba, o de lo contrario, abandonar el país”, advirtió Rodríguez Pellitero.
Los denunciante parten de que los empleados cubanos de estas hoteleras “no tienen libertad sindical” y “se les niega el derecho a la negociación colectiva y a la huelga”.
También alegan que existe “discriminación por motivos ideológicos, políticos o de conciencia” en el acceso a los puestos de trabajo.
Cubanos por la Democracia y Consejo Europeo-Cubano, reclaman que en la isla debería implementarse el modelo de los “Principios Globales Sullivan”, aplicado por hombres de negocios y empresas del mundo para desarticular el régimen del apartheid en Sudáfrica.
Los cubanos reclaman tanto a Meliá como a Iberostar que suspendan cualquier actividad “en conjunto” con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.
Además exigen la liberación de trabajadores detenidos y que no mantengan relaciones con entidades o dirigentes “implicados en la represión de las protestas pacíficas”.
Entre las peticiones también exigen que se detengan las “transacciones financieras que puedan ser utilizadas para la violación de los derechos humanos”.
Las hoteleras españolas Meliá e Iberostar se mantienen enfrentando procesos judiciales en Estados Unidos, bajo el capítulo III de la Ley Helms-Burton.
El expresidente Donald Trump dispuso aplicar en su totalidad dicha ley permitiendo demandas en juzgados norteamericanos a empresas que se lucren explotando propiedad confiscada en la isla durante el alzamiento armado de los comunistas.
Al calor de estas disposiciones muchas familiares que perdieron sus propiedades en Cuba se animaron a emprender procesos legales que no han progresado del todo.
A pesar de esas acciones el gobierno cubano de conjunto con estos socios extranjeros siguen construyendo hoteles en la isla.
En el caso de Meliá cuenta con decenas de hoteles en Cuba, localizados en Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo, Cayo Santa María, Holguín, La Habana, Santiago de Cuba, Varadero, Camagüey, Trinidad y Cienfuegos construidos en más de 31 años explotando esos recursos en la mayor de las Antillas.
En el presente año la cadena española abrirá dos nuevos hoteles en Cuba, los cuales se suman a los 32 que son administrados por la empresa en todo el país.
Este 2022 e inaugurarán el Sol Caribe Beach, en Varadero, y otro en Sancti Spíritus, sobrepasando así las 14 000 habitaciones que tiene la compañía en Cuba.
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