La confrontación entre el presidente Donald Trump y el gobernador de California, Gavin Newsom, ha alcanzado un nuevo nivel tras los recientes disturbios en Los Ángeles relacionados con operativos de inmigración. El intercambio de declaraciones ha avivado el debate sobre la legalidad de las acciones de autoridades estatales frente a las políticas migratorias federales.
Todo comenzó cuando Tom Homan, exdirector de ICE y actual asesor de políticas fronterizas de Trump, sugirió que figuras como Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían enfrentar consecuencias legales por interferir en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Ante ello, Newsom respondió de forma desafiante: “Que vengan a arrestarme, ya saben dónde encontrarme”.
Trump, al ser consultado por periodistas en Washington, no tardó en reaccionar. “Si fuera Tom, lo arrestaría. A Gavin le encanta la publicidad… y sería algo genial”, dijo el mandatario. Aunque aclaró tener simpatía personal por Newsom, lo calificó como “tremendamente incompetente”.
La controversia se intensificó cuando Newsom expresó su consternación por los comentarios de Trump, señalando que “el presidente de Estados Unidos acaba de pedir el arresto de un gobernador en funciones”. A juicio del demócrata, este tipo de declaraciones representan “un paso inequívoco hacia el autoritarismo”.
Desde Fox News, Homan trató de bajar el tono de la polémica, asegurando que nunca amenazó con arrestar a Newsom. Aclaró que su advertencia iba dirigida a personas que sobrepasen los límites legales durante protestas o interfieran en las acciones de ICE. “Nadie está por encima de la ley”, afirmó, subrayando que los delitos como obstrucción, agresión a agentes o encubrimiento de inmigrantes ilegales pueden conllevar consecuencias judiciales, incluso para funcionarios públicos.
El enfrentamiento pone sobre la mesa una vez más la compleja relación entre el gobierno federal y las autoridades estatales respecto al manejo de la inmigración. California, considerada un estado santuario, ha adoptado históricamente una postura de protección hacia los inmigrantes indocumentados, lo que la ha llevado a frecuentes choques con políticas federales más estrictas, especialmente bajo la administración Trump.
Los recientes operativos de ICE en Los Ángeles, marcados por enfrentamientos y protestas, reavivaron las tensiones. Activistas y funcionarios locales acusan al gobierno federal de sembrar miedo entre las comunidades migrantes, mientras que Trump y sus aliados denuncian que las autoridades estatales obstruyen la aplicación de la ley.
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