Cristina Fernández de Kirchner, quien durante años se presentó como la líder de los sectores más humildes de Argentina, enfrenta hoy el costo judicial y político de su gestión: la justicia le exige devolver $84.8 millones (alrededor de 85 millones de dólares) por corrupción, mientras su fortuna declarada alcanza los 250 millones de dólares.
El fallo del Tribunal Oral Federal N.º 2, emitido el 6 de diciembre de 2022 en el marco de la causa conocida como Vialidad, condenó a la expresidenta a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia, confirmada recientemente por la Corte Suprema, incluye el decomiso de bienes por esa suma millonaria, como parte del perjuicio ocasionado al Estado argentino.
Pese al perfil populista con el que Kirchner cimentó su carrera política, y su constante apelación a la defensa de los pobres frente a los poderosos, su realidad económica dista de la que enfrentan millones de argentinos. En su declaración jurada de baja presentada ante la Oficina Anticorrupción a fines de 2023, la ex vicepresidenta informó un patrimonio de $250 millones de dólares.
Ese monto representa un crecimiento del 110% respecto al año anterior, aunque ajustado por inflación (que superó el 130% en 2023), significó una leve reducción del 10% en términos reales. Aun así, la cifra confirma una fortuna consolidada que se aleja del discurso de austeridad que defendió públicamente durante sus dos mandatos presidenciales.
El grueso de los bienes de la exmandataria se concentra en acciones de sociedades no identificadas, que suman más de $170 millones. Además, junto a su familia, es propietaria de empresas como Hotesur S.A. —dueña del Hotel Alto Calafate— y Los Sauces S.A., una inmobiliaria adquirida en 2006, ambas bajo la lupa judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
En 2022, Kirchner había duplicado su patrimonio de $48 millones a $118,8 millones en un solo año. Y aunque en 2023 no alcanzó un crecimiento similar, los números actuales evidencian que su capital financiero no ha dejado de expandirse, incluso mientras enfrentaba procesos judiciales por corrupción.
El contraste entre su fortuna y la retórica de "presidenta de los pobres" genera fuertes críticas entre opositores y sectores de la sociedad civil. Mientras millones de argentinos viven bajo la línea de pobreza y enfrentan una inflación asfixiante, la exmandataria deberá ahora responder por el desfalco millonario al erario público que la justicia ha determinado.
Aunque ya no tiene la obligación legal de presentar una declaración jurada pública en 2024 tras dejar su cargo, la controversia por el origen de su riqueza y su negativa a aceptar las sentencias judiciales siguen marcando su figura política, dejando al descubierto una de las mayores contradicciones del kirchnerismo.
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