La congresista demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick presentó su renuncia a la Cámara de Representantes en medio de un escándalo por presunto fraude relacionado con millones de dólares en fondos federales destinados a la pandemia.
La dimisión se produjo pocas horas antes de que el Comité de Ética del Congreso anunciara posibles sanciones tras una investigación que señalaba múltiples violaciones a las normas, principalmente vinculadas al financiamiento de campañas.
Según las autoridades, la ahora exlegisladora enfrenta cargos federales por su presunta participación en un esquema que implicó el uso indebido de cerca de 5 millones de dólares en ayudas destinadas al COVID-19. De acuerdo con las pesquisas, esos fondos habrían sido enviados por error a la empresa de atención médica vinculada a su familia.
Posteriormente, parte de ese dinero habría sido utilizado para financiar su campaña política, realizar contribuciones irregulares a través de terceros y cubrir gastos personales, incluyendo compras de alto valor.
Un panel de ética del Congreso determinó que Cherfilus-McCormick incurrió en al menos 25 violaciones a las reglas, lo que incrementó la presión política en su contra tanto desde filas republicanas como dentro de su propio partido.
La renuncia se produjo justo antes de una audiencia clave en la que se evaluaban posibles sanciones, que podían incluir desde una censura formal hasta la expulsión del Congreso. Al dejar su cargo, evitó una votación en la Cámara y el Comité de Ética pierde jurisdicción directa sobre su caso legislativo.
En un comunicado, la excongresista rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso en su contra responde a motivaciones políticas. También cuestionó la rapidez con la que avanzó la investigación, alegando que no contó con el tiempo suficiente para preparar su defensa.
A pesar de su salida del Congreso, el proceso judicial en su contra continúa. De ser encontrada culpable, podría enfrentar una condena de varios años de prisión.
Su renuncia deja vacante el escaño que ocupaba en Florida, el cual deberá ser definido mediante una elección especial. El caso se suma a otros episodios recientes que han puesto bajo escrutinio la conducta ética de miembros del Congreso en Estados Unidos.
La evolución del proceso judicial será determinante para esclarecer las responsabilidades en este caso, que ha generado amplio debate sobre el uso de fondos públicos y la transparencia en la política.
Fuente: N+ Univision
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