La reciente revelación de que GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las FAR, posee más de 18 mil millones de dólares en activos líquidos ha sacudido el panorama informativo sobre Cuba.
Esta cifra, superior a las reservas internacionales de varios países latinoamericanos, permanece fuera del control civil y de cualquier auditoría estatal, mientras la población sufre una crisis económica sin precedentes.
Sin embargo, la Cancillería cubana encabezada por Bruno Rodríguez Parrilla, ha optado por el más absoluto silencio oficial, una maniobra que evidencia una estrategia calculada para desviar la atención pública.
Desde la publicación del reportaje del Miami Herald, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) no ha emitido comunicados ni declaraciones que desmientan o aclaren los datos.
La prensa estatal también ha ignorado el tema, limitándose a su habitual agenda propagandística. La única reacción vinculada a la Cancillería llegó a través de un funcionario, Rodney González Maestrey, quien no se dirigió al medio estadounidense, sino que arremetió contra el periodista Mario J. Pentón, acusándolo de servir a la “extrema derecha” y de respaldar políticas de Washington.
En lugar de aportar pruebas que refutaran la denuncia, González Maestrey recurrió a un viejo recurso del régimen: desplazar el foco de la conversación hacia el embargo estadounidense y la defensa del turismo controlado por GAESA, presentando toda crítica como un ataque contra Cuba.
El objetivo es claro: convertir una acusación documentada sobre corrupción y acumulación de riqueza militar en un duelo ideológico que evite discutir los datos concretos.
El mensaje también incluyó ataques personales, señalando supuestos vínculos familiares y viajes oficiales de diplomáticos cubanos a Estados Unidos, con el fin de desacreditar a los críticos. Esta táctica de personalizar el conflicto es común en la retórica gubernamental, pues desvía el debate de los problemas estructurales hacia la moralidad de los interlocutores.
Pese a la dureza de los señalamientos del Miami Herald, en ningún momento se negó la existencia de los fondos ni se explicó su origen o destino. El silencio institucional del MINREX, combinado con una respuesta personal y tangencial, revela un patrón: frente a denuncias que amenazan la imagen y el control económico del régimen, la estrategia es no responder en el plano oficial, mientras se libra una batalla discursiva en redes sociales para desacreditar a los mensajeros.
La omisión resulta más reveladora que cualquier declaración. “En la política cubana, callar no significa ignorar; es una respuesta calculada que protege los intereses del poder militar.”
El caso GAESA muestra que la diplomacia del régimen funciona como un escudo político para preservar las enormes reservas en manos de las FAR, lejos de la fiscalización ciudadana y del uso público en beneficio de la población.
Mientras tanto, la vida cotidiana de los cubanos continúa marcada por la escasez, el deterioro de los servicios y la falta de oportunidades. La denuncia sobre los 18 mil millones no solo expone la magnitud de los recursos ocultos, sino también la naturaleza de un sistema que prioriza la opacidad y la supervivencia de su élite sobre el bienestar de su gente.