En un contexto de creciente incertidumbre sobre las políticas migratorias de Estados Unidos, la ley H.R. 29, también conocida como el "Laken Riley Act", está a punto de cambiar drásticamente la situación de los inmigrantes en el país. Esta nueva legislación, que se espera sea respaldada por los demócratas en el Senado, apunta a aumentar las deportaciones al enfocarse en cuatro delitos menores: robo-asalto, latrocinio, hurto y robo en tiendas minoristas.
Lo que hace esta ley aún más alarmante es que no solo penaliza estos delitos, sino que obliga a las autoridades locales y estatales a detener a los inmigrantes hasta que sean deportados, incluso si el crimen cometido es de menor gravedad. Bajo esta legislación, cualquier inmigrante implicado en estos delitos podría enfrentarse a un proceso de deportación inmediato sin los debidos procesos judiciales o el derecho a defenderse adecuadamente.
Activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes están sonando la alarma sobre los riesgos de esta ley. Sarah Mehta, de la ACLU, advirtió sobre el peligro de crear un sistema donde las fuerzas del orden puedan basar sus detenciones en "perfil racial", lo que podría desencadenar una discriminación más profunda hacia las comunidades inmigrantes.
El caso que da nombre a esta ley, el asesinato de Laken Riley por parte de un inmigrante indocumentado, ha provocado un fuerte apoyo para la legislación, especialmente entre los republicanos, que ven en ella una herramienta para combatir la llamada "crisis fronteriza". Sin embargo, los opositores aseguran que esta medida es una maniobra política para avanzar en un plan de deportación masiva, uno de los objetivos prioritarios del presidente electo Donald Trump.
Los opositores a la ley también destacan que esta medida no soluciona los problemas de seguridad pública, sino que simplemente destroza familias enteras, afectando a quienes han hecho de Estados Unidos su hogar, a menudo sin una opción viable para quedarse de manera legal. Además, la ley da más poder a los fiscales generales estatales, quienes podrían demandar a la Seguridad Nacional si se decide liberar a alguien involucrado en estos delitos.
Con una probable aprobación de la ley en el Senado, los inmigrantes deberán estar más alerta que nunca, ya que los riesgos de ser deportados se multiplican. Sin lugar a dudas, la Ley H.R. 29 redefine la forma en que Estados Unidos maneja los delitos menores cometidos por inmigrantes, lo que podría tener consecuencias devastadoras para miles de personas que ya se encuentran en una situación vulnerable.
La nueva norma será presentada al Senado este viernes.
Los conservadores controlan la Cámara Alta con 53 escaños, pero necesitarán el voto de seis demócratas para aprobarla. Los senadores Rubén Gallego, de Arizona, y Elissa Slotkin, de Michigan, ambos demócratas y elegidos en noviembre, votaron a favor de la legislación cuando eran miembros de la Cámara el año pasado. En esa ocasión, el proyecto recibió el apoyo de todos los representantes republicanos, además de 34 demócratas. La ley se detuvo en el Senado, donde los demócratas mantenían la mayoría hasta las elecciones del pasado 5 de noviembre. Con la nueva configuración política del Senado, se espera que la ley tenga mayores posibilidades de ser aprobada.
¿Qué dice la ley H.R. 29?
La ley H.R. 29, más conocida como el "Laken Riley Act", define cuatro delitos específicos que, de ser cometidos por inmigrantes, pueden resultar en una deportación inmediata: robo-asalto, atraco, latrocinio o hurto, y robo en tiendas minoristas. Estos delitos, aunque considerados menores en muchos casos, se utilizarían como base para la detención y deportación rápida de los involucrados.
Lo más controversial de esta ley es que exige que las autoridades locales y estatales actúen sin esperar una orden judicial formal para arrestar y deportar a los inmigrantes que caigan en estas categorías delictivas. Así, la ley abre la puerta para que la policía local tenga mayor poder de detención, y se añaden preocupaciones sobre la posibilidad de que la ley sea utilizada para realizar detenciones discriminatorias, en particular hacia las comunidades inmigrantes de raza negra o latina.
El impacto de la ley en la comunidad inmigrante
El temor es que, con la aprobación de esta ley, los inmigrantes que cometan delitos menores puedan ser deportados sin tener tiempo suficiente para defenderse legalmente. Esto se convierte en un riesgo muy real para quienes podrían ser arrestados sin saber que una simple infracción podría llevarlos al proceso de deportación.
Además, al crear un sistema que da a las fuerzas del orden un control más directo sobre la detención y deportación de inmigrantes, se podría facilitar una persecución sin límites claros y con potencial para abusos y arbitrariedades.
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