Amnistía Internacional volvió a poner el foco sobre la situación de los derechos humanos en Cuba al exigir la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos. El pronunciamiento se produce un año después del proceso de excarcelaciones anunciado por el régimen cubano, una medida que, lejos de representar un giro real, confirmó —según la organización— la continuidad de las prácticas represivas del Estado.

De acuerdo con cifras oficiales, 553 personas fueron beneficiadas por el proceso impulsado por las autoridades. Sin embargo, Amnistía Internacional denunció que la iniciativa estuvo marcada por la opacidad, la falta de información pública y la ausencia total de criterios transparentes. En muchos casos, las excarcelaciones estuvieron acompañadas de condiciones arbitrarias, restricciones severas y amenazas de regresar a prisión, lo que impidió a los liberados ejercer derechos básicos como la libertad de expresión, asociación o movimiento.

La organización advirtió que este tipo de medidas generan un fuerte impacto psicológico tanto en las personas excarceladas como en sus familias, al mantenerlas bajo un permanente estado de miedo e incertidumbre. Para Amnistía, no se trató de un acto de justicia, sino de una maniobra política diseñada para aliviar presiones internacionales sin desmontar el aparato represivo.

El proceso estuvo vinculado a un acuerdo entre La Habana y Washington alcanzado en los últimos días de la administración de Joe Biden, con mediación del Vaticano. Desde su anuncio, diversas organizaciones de derechos humanos alertaron que una parte considerable de los beneficiados no eran presos políticos, sino reclusos comunes, lo que distorsionó el alcance real de la medida y sirvió para inflar artificialmente las cifras oficiales.

Amnistía también señaló que varias personas excarceladas durante 2025 fueron empujadas al exilio forzado, mientras que otras volvieron a ser detenidas, lo que evidencia la inexistencia de garantías mínimas. Entre los casos más notorios se encuentran el del opositor José Daniel Ferrer, quien terminó exiliado en Estados Unidos tras ser nuevamente encarcelado, y el del disidente Félix Navarro, cuya excarcelación fue revocada por un tribunal y que permanece en prisión.

La directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, subrayó que el Estado cubano tiene la obligación de liberar de manera plena e incondicional a todas las personas presas de conciencia. Entre los nombres mencionados figuran activistas y opositores emblemáticos como Sayli Navarro Álvarez, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Maykel Castillo “Maykel Osorbo” y el artista Luis Manuel Otero Alcántara.

El pronunciamiento coincidió con un llamado del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que instó a la unidad de la oposición y de la ciudadanía para exigir una amnistía general en 2026 como punto de partida para una apertura democrática real.

Según el último informe de la organización Prisoners Defenders, Cuba cerró 2025 con al menos 1.197 presos políticos, una cifra que refuerza la denuncia de Amnistía Internacional: las excarcelaciones del régimen no fueron una solución, sino otra herramienta de control y manipulación.

(Con información de Infobae)

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