El miedo a informar y denunciar los problemas cotidianos vuelve a protagonizar una denuncia sobre la situación de la libertad de prensa en Cuba. Esta vez, el escenario es Santa Clara, Villa Clara, donde nueve personas habrían sido objeto de intimidaciones por su relación con Páginas Villareñas, un boletín comunitario independiente.

Según el informe publicado el 31 de octubre por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), cinco periodistas ciudadanos, un matrimonio que verificaba informaciones y otros dos interesados en colaborar recibieron advertencias para abandonar cualquier vínculo con el medio.

Las amenazas no se habrían limitado a advertencias verbales. Entre las represalias mencionadas figuran posibles procesos penales por supuesta «usurpación de funciones públicas», despidos y presiones contra familiares.

Uno de los episodios más estremecedores ocurrió el 18 de mayo. Un profesor de natación fue visitado en su centro laboral por un hombre que se identificó como «teniente Ariel». Según el testimonio recogido por el ICLEP, el agente le recordó que tenía dos hijos pequeños que «podían crecer con su padre en una prisión» si continuaba escribiendo.

Otro colaborador recibió amenazas después de publicar información sobre la suspensión de un servicio de transporte. También un matrimonio que verificaba noticias habría sido presionado con advertencias relacionadas con el futuro universitario de su hijo.

Las publicaciones del boletín abordaban problemas muy cercanos a la población: acumulación de basura, deficiencias sanitarias, transporte, educación, contaminación ambiental y apagones.

El director del medio, Alberto Hernández González, comenzó a investigar después de notar que varios colaboradores habían dejado de comunicarse repentinamente.

El propio OCLE reconoce que no pudo verificar de manera independiente las amenazas, aunque comprobó la relación de los cinco periodistas ciudadanos con el boletín mediante sus publicaciones y registros internos.

El caso vuelve a plantear una pregunta fundamental: ¿por qué informar sobre los problemas de una comunidad puede convertirse en motivo de amenazas y temor a perder la libertad?

La denuncia también recuerda que el 1 de marzo dos colaboradores del ICLEP fueron detenidos durante aproximadamente seis horas mientras distribuían ejemplares del boletín. Según la organización, les confiscaron unos 60 ejemplares y recibieron amenazas de procesamiento penal.

El Observatorio considera que estas actuaciones buscan silenciar las denuncias ciudadanas y frenar la circulación de información independiente. También reclama atención de los organismos internacionales de derechos humanos.

Mientras tanto, los problemas que motivan las publicaciones siguen afectando a los vecinos de Santa Clara.

Informar sobre la basura, los hospitales, el transporte o los apagones no debería convertirse en una amenaza para la libertad de quienes cuentan lo que sucede en sus barrios.

Fuentes: ICLEP, Voces del sur unidas

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