El presidente de El Salvador Nayib Bukele formalizó su precandidatura para las elecciones presidenciales de 2027, una decisión que podría permitirle mantenerse en el poder hasta 2033 y completar 14 años consecutivos al frente del país. Su eventual reelección se produce en un contexto marcado por el amplio respaldo popular a su política de seguridad, considerada por muchos como el principal factor detrás de la drástica reducción de la violencia que durante décadas afectó a la nación centroamericana. Aunque sus medidas han sido elogiadas por una parte importante de la población por devolver la tranquilidad a numerosas comunidades, también han generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales por sus implicaciones sobre las libertades civiles y las garantías judiciales.

La decisión de Nayib Bukele de buscar un tercer mandato presidencial vuelve a colocar en el centro del debate el impacto que ha tenido su gestión en materia de seguridad pública, considerada el principal sello de su gobierno desde que asumió la presidencia en junio de 2019.

Antes de la llegada de Bukele al poder, El Salvador era catalogado como uno de los países más violentos del mundo. Durante años, las pandillas ejercieron control sobre numerosos barrios y comunidades, imponían extorsiones a comerciantes y transportistas, limitaban la movilidad de los ciudadanos y mantenían elevados índices de homicidios que afectaban la vida cotidiana de millones de salvadoreños.

El punto de inflexión ocurrió en marzo de 2022, cuando el gobierno implementó un régimen de excepción tras un repunte de asesinatos atribuido a las pandillas. La medida permitió ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad para realizar detenciones y operativos en zonas consideradas de alta peligrosidad.

Desde entonces, las autoridades han reportado la captura de más de 75.000 personas vinculadas presuntamente a estructuras criminales. Paralelamente, el gobierno impulsó la construcción de grandes centros penitenciarios y reforzó la presencia policial y militar en todo el territorio nacional.

Los resultados han sido visibles en los indicadores de criminalidad. El Salvador pasó de registrar algunas de las tasas de homicidios más altas del continente a reportar cifras históricamente bajas, mientras que numerosos ciudadanos afirman haber recuperado espacios públicos y actividades que durante años estuvieron limitadas por el temor a la violencia.

Esta transformación ha fortalecido significativamente la popularidad de Bukele, quien mantiene niveles de aprobación poco comunes en la región. Para muchos salvadoreños, la reducción de la delincuencia representa uno de los mayores cambios sociales experimentados por el país en las últimas décadas.

Sin embargo, la estrategia también ha sido objeto de críticas. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado detenciones arbitrarias, restricciones a derechos fundamentales y falta de garantías procesales para algunos detenidos. Sus detractores sostienen que la disminución de la violencia no debe lograrse a costa del debilitamiento de las instituciones democráticas.

A pesar de estas controversias, el modelo de seguridad impulsado por Bukele ha convertido a El Salvador en un referente regional en la lucha contra las pandillas y ha marcado profundamente el debate sobre cómo enfrentar la delincuencia organizada en América Latina. Con su aspiración a un nuevo mandato, el presidente busca consolidar una estrategia que ha redefinido la realidad de seguridad del país y que continúa generando tanto apoyo como cuestionamientos dentro y fuera de sus fronteras.

Fuente: El País

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