La organización Prisoners Defenders denunció en su más reciente informe que la represión política y la crisis humanitaria dentro de las cárceles cubanas han alcanzado niveles alarmantes, describiendo un panorama de enfermedad, abandono y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

El documento revela la existencia de 1.179 personas privadas de libertad por motivos políticos o de conciencia, entre ellas 35 menores de edad, 123 mujeres, 463 reclusos con enfermedades graves sin tratamiento médico y 40 personas con trastornos mentales severos sin atención psiquiátrica adecuada. Solo en el mes de octubre, la organización incorporó 11 nuevos casos a su lista de presos políticos, muchos de ellos ciudadanos sin militancia partidista ni historial opositor.

El presidente de la organización, Javier Larrondo, advirtió que la represión en Cuba “no distingue edades, ideologías ni condiciones sociales; el régimen utiliza el miedo, la tortura y el aislamiento como mecanismos de control sobre toda la población”. Según el informe, la persecución política es transversal, afectando a todos los sectores sociales del país.

El reporte describe un deterioro extremo de las condiciones carcelarias, calificándolas de “críticas y mortales”. Tras el paso del huracán Melissa, que devastó el oriente cubano a finales de octubre, se han multiplicado los brotes epidémicos de dengue, tuberculosis, fiebre de oropouche y chikungunya, enfermedades que, según la ONG, se propagan por todo el sistema penitenciario debido al hacinamiento, la falta de higiene y la carencia de atención médica.

La falta de medicamentos, la insalubridad y el abandono institucional han generado lo que la organización describe como una “sangría de enfermedad y muerte en crecimiento constante”. En varios centros penitenciarios, los presos enfermos son aislados sin tratamiento ni supervisión médica, una práctica que viola sus derechos fundamentales a la salud y a la vida.

Prisoners Defenders también denuncia que el régimen de La Habana continúa utilizando el sistema judicial como instrumento de castigo político. En octubre, cuatro manifestantes pacíficos de Manicaragua (Villa Clara) fueron condenados a entre cinco y seis años de prisión por participar en protestas contra los apagones eléctricos ocurridas en 2024. La organización sostiene que los juicios se realizaron sin pruebas ni garantías procesales, demostrando una vez más el uso del aparato penal cubano para reprimir el disenso ciudadano.

El informe documenta además decenas de huelgas de hambre iniciadas por presos políticos en distintas cárceles del país, como último recurso de protesta ante la represión y las condiciones inhumanas de encierro. Estas acciones, asegura la ONG, constituyen un grito desesperado por atención y un llamado urgente a la comunidad internacional.

“Las cárceles cubanas son una sangría de enfermedad y muerte en crecimiento constante”, reiteró Larrondo, subrayando la gravedad de la crisis sanitaria y humanitaria dentro del sistema penitenciario.

El informe concluye con un llamado a los gobiernos democráticos y organismos internacionales de derechos humanos para que exijan la liberación inmediata de todos los presos políticos y el fin del uso del encarcelamiento como herramienta de control social.

Prisoners Defenders advierte que el deterioro carcelario se desarrolla en un contexto de colapso sanitario y económico nacional, donde las prisiones cubanas se han convertido en “centros de sufrimiento y muerte lenta” para cientos de inocentes que hoy languidecen tras las rejas.

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