Una fuente cercana al proceso judicial contra el exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, aseguró al periodista Javier Díaz que el exfuncionario llegó al juicio en un estado físico y mental “sumamente precario”.

La información, difundida por Díaz en su perfil de Facebook, ha generado conmoción por las graves implicaciones que tendría sobre el desarrollo del caso y las condiciones carcelarias del acusado.

Según explicó la fuente consultada por el periodista, Gil compareció ante el tribunal “visiblemente deteriorado”, con dificultades para sostenerse en pie y sin poder articular frases de manera coherente. Estos síntomas, "afirmó la fuente", son compatibles con los efectos que suelen presentar personas que han vivido en condiciones extremas de aislamiento en centros penitenciarios.

El juicio contra Alejandro Gil concluyó este jueves, aunque sin sentencia, lo cual —según precisa Javier Díaz— suele indicar que “la condena ya está acordada”, un mecanismo frecuente en procesos políticos donde el veredicto se define antes de que finalice la vista oral.

De acuerdo con las primeras valoraciones, se estima que Gil podría enfrentar una cadena perpetua, una de las penas más severas aplicadas dentro del sistema judicial cubano.

La familia del exministro, según las declaraciones divulgadas por Díaz, mantenía la esperanza de que Gil fuese liberado o beneficiado con un trato excepcional, como ha ocurrido en ocasiones previas con otros altos funcionarios cercanos al poder.

Sin embargo, la realidad ha demostrado lo contrario. Desde su arresto, la familia ha recibido poca información oficial y su situación personal parece haberse agravado en los últimos meses.

Javier Díaz adelantó que continuará investigando el caso y que ofrecerá nuevos detalles tan pronto como se confirmen más elementos sobre el estado del exministro y las circunstancias que rodean el proceso judicial en su contra.

La denuncia sobre su estado físico abre un nuevo capítulo en un caso que ya había despertado tensiones dentro de la cúpula política y en la opinión pública, y pone en cuestión las condiciones en las que el régimen procesaría a una de las figuras más influyentes de la economía cubana en la última década.

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