El consumo de drogas en Cuba está alcanzando niveles alarmantes, afectando principalmente a jóvenes y adolescentes. Según cifras oficiales, más de 3,000 personas han sido imputadas en el último año por tráfico y tenencia de sustancias ilícitas, y se han incautado más de 620 kilogramos de drogas. Sin embargo, estos números son solo la punta del iceberg de un problema que el gobierno parece incapaz de controlar.

La creciente presencia de drogas en la isla evidencia fallos estructurales en el sistema de control estatal. A pesar de las declaraciones del régimen sobre una "estrategia integral antidrogas", la realidad muestra que estas medidas son insuficientes. La falta de recursos, sumada a la corrupción en las instituciones encargadas de la vigilancia, facilita la proliferación del narcotráfico en zonas urbanas y rurales.

Este flagelo también ha encontrado terreno fértil en las redes sociales, que se han convertido en una vía para la promoción y distribución de drogas entre la juventud cubana. En un contexto donde el acceso a internet está en aumento, la exposición a estos contenidos ha provocado un incremento del consumo en edades cada vez más tempranas, un fenómeno que las autoridades no han sabido abordar de manera efectiva.

La respuesta gubernamental se ha centrado en campañas de prevención poco impactantes y operaciones policiales esporádicas, dejando de lado soluciones integrales que aborden las causas subyacentes del problema. La crisis económica, el desempleo y la falta de oportunidades para los jóvenes han creado un entorno propicio para que las drogas se conviertan en una alternativa peligrosa.

Además, la incapacidad del gobierno para garantizar el control de las fronteras y el debilitamiento de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico han permitido la entrada de sustancias ilícitas en el país. Esto refleja un problema más profundo: un Estado que ha priorizado el control político sobre la seguridad ciudadana.

El incremento del consumo de drogas en Cuba no solo amenaza a las generaciones futuras, sino que también pone en evidencia la incapacidad del régimen para enfrentar un desafío que crece de forma acelerada. Sin cambios estructurales y un enfoque realista, el país seguirá viendo cómo este flagelo se propaga sin control, afectando la estabilidad social y el bienestar de sus ciudadanos.

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