La detención en Madrid de Julio Martínez Martínez, empresario vinculado a la intermediación aérea y relacionado con sociedades que operaron en el entorno de Plus Ultra, ha reavivado la polémica en torno a la aerolínea española rescatada con fondos públicos y utilizada en múltiples ocasiones para vuelos chárter de alto nivel, incluidos desplazamientos internacionales del presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Según ha informado Europa Press, el arresto fue practicado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de una pieza separada del denominado “caso Plus Ultra”, una investigación declarada secreta que analiza presuntas operaciones de blanqueo internacional de capitales, supuestamente vinculadas a fondos venezolanos. La causa tendría ramificaciones en España, Suiza y Francia.

Julio Martínez, administrador de las sociedades Análisis Relevante y Voli Analítica, fue detenido apenas cuatro años después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara un rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, aerolínea participada por empresarios afines al régimen chavista.

El empresario había dado el salto al negocio de la intermediación aérea en plena pandemia, con una estructura mínima y sin empleados, coincidiendo temporalmente con dicho rescate estatal.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que Martínez realizaba gestiones en Venezuela relacionadas con la aerolínea, aunque formalmente no figuraba en su plantilla. Junto a él, también habría sido arrestado Roberto Roselli, directivo vinculado a Plus Ultra, dentro de la misma investigación por presunto blanqueo de capitales.

La relevancia internacional del caso aumenta al conocerse que Plus Ultra ha sido una de las aerolíneas utilizadas para el alquiler de aviones en los viajes internacionales del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Estos vuelos, según diversas informaciones previas, se han realizado bajo acuerdos de arrendamiento chárter, en ocasiones operando con códigos compartidos con Cubana de Aviación.

Aunque no existe imputación alguna contra Díaz-Canel, la conexión logística con una aerolínea ahora bajo investigación judicial vuelve a colocar en el foco la red de relaciones entre gobiernos autoritarios y estructuras empresariales presuntamente utilizadas para mover fondos y activos fuera de los circuitos tradicionales.

Los detenidos pasarán a disposición judicial en los juzgados de Plaza de Castilla, mientras la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. El caso vuelve a poner bajo escrutinio el rescate de Plus Ultra y el uso de recursos públicos en operaciones ahora cuestionadas por la Justicia.

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