La administración del presidente Donald Trump anunció una nueva política migratoria que contempla multas de hasta 18.000 dólares para inmigrantes con órdenes de deportación, como parte de una estrategia destinada a reforzar las medidas de control y fomentar la autodeportación.

La propuesta fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal el pasado 20 de mayo y permanecerá abierta a comentarios públicos hasta el 22 de junio. Según funcionarios federales, el objetivo es recuperar parte de los costos asociados a la localización, arresto, detención y expulsión de migrantes en situación irregular.

De acuerdo con el DHS, las sanciones estarían dirigidas principalmente a personas que recibieron órdenes de deportación en ausencia, es decir, inmigrantes que no acudieron a sus audiencias ante los tribunales de inmigración y terminaron con fallos automáticos de expulsión.

Las autoridades explicaron que el Congreso ordenó el año pasado comenzar a cobrar este tipo de multas, aunque ahora la administración Trump busca elevarlas significativamente: pasarían de 5.130 dólares a unos 18.000 dólares por persona.

Funcionarios del gobierno reconocieron que probablemente nunca podrán recuperar la mayoría del dinero impuesto, especialmente porque muchos de los afectados tienen ingresos muy bajos. Sin embargo, insistieron en que la medida busca aumentar la presión sobre quienes permanecen ilegalmente en Estados Unidos.

“Nuestro mensaje es claro: los inmigrantes indocumentados que se encuentran ilegalmente en el país deben irse ahora o enfrentarán consecuencias”, indicaron funcionarios del DHS en declaraciones a medios estadounidenses.

Según datos oficiales, entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de este año las autoridades ya habían emitido multas por un total de 36.000 millones de dólares contra unas 65.000 personas. El promedio supera los 500.000 dólares por sancionado, aunque el gobierno no precisó cuántos inmigrantes han logrado pagar esas cantidades.

La medida podría afectar tanto a personas que cruzaron ilegalmente la frontera como a migrantes que ingresaron legalmente con visas de turismo o estudio y permanecieron más tiempo del autorizado. También incluiría a solicitantes de asilo cuyos casos terminaron con órdenes definitivas de deportación.

Organizaciones defensoras de inmigrantes criticaron duramente la política. Sarah Mehta, representante de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), aseguró que las multas buscan generar miedo entre las comunidades migrantes.

“Estas medidas hacen que las personas se sientan perseguidas y presionadas a abandonar el país cuanto antes”, afirmó.

Abogados especializados en inmigración también advirtieron que muchas personas están evitando acudir a las cortes por temor a ser detenidas inmediatamente después de las audiencias.

Mientras tanto, la Casa Blanca continúa promoviendo el programa de “autodeportación” mediante la aplicación CBP Home, versión modificada de la antigua CBP One utilizada durante la administración Biden. Según el DHS, quienes acepten abandonar voluntariamente el país podrían recibir pagos de hasta 2.600 dólares y la posible condonación de sus multas migratorias.

Fuente: USA Today

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