La residencia permanente en Estados Unidos, conocida como "green card", otorga importantes beneficios, pero no garantiza inmunidad. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), cualquier residente puede ser objeto de un proceso de deportación si viola ciertas leyes o condiciones.

Tener este estatus implica no solo derechos, sino también responsabilidades que, si se incumplen, pueden terminar con la revocación del beneficio y la expulsión del país.

Para iniciar una deportación, el gobierno debe demostrar, ante un juez de inmigración, que existen motivos legales para hacerlo. El proceso comienza cuando el residente recibe una notificación formal llamada aviso de comparecencia. En ese documento, el Departamento de Seguridad Nacional expone las razones por las que la persona es considerada deportable. No basta con una simple sospecha: se requieren pruebas claras y convincentes. Estas pueden incluir desde una condena por delitos graves hasta declaraciones de impuestos que demuestren que la persona actuó como no residente.

Solo un juez de inmigración puede ordenar la deportación de un residente legal. Ni el ICE ni la Patrulla Fronteriza tienen autoridad para revocar el estatus por cuenta propia. Esto garantiza, en teoría, un proceso justo y con derecho a apelación. Si un juez falla en contra del titular de la green card, este puede apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración e incluso ante un tribunal federal.

Sin embargo, existen discrepancias entre los expertos sobre si este procedimiento siempre se cumple. Algunos académicos, como Matthew Boaz de la Universidad de Kentucky, aseguran que actualmente las autoridades siguen el proceso legal. Otros, como Rebecca Sharpless de la Universidad de Miami, denuncian desviaciones, y afirman que el ICE ha actuado fuera de los límites establecidos por la ley.

En su opinión, “aunque la ley proteja a alguien de la deportación, hoy en día no hay garantía de que las agencias la respeten”.

Los residentes permanentes deben tener especial cuidado al viajar, declarar impuestos o enfrentar procesos penales. Aunque su estatus es legal, cualquier error o falta puede terminar en un juicio migratorio. La green card no es una garantía absoluta; es un privilegio que se puede perder si no se cumplen los lineamientos de Estados Unidos.

Fuente: La Nación

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