Un nuevo escándalo sacude el ya deteriorado sistema de distribución de alimentos en Cuba. En la provincia de Las Tunas, un chofer de un camión cisterna y un representante de la empresa estatal láctea fueron detenidos y acusados de “sabotaje” tras detectarse la adulteración de leche destinada a niños.

Según información difundida por el Gobierno Provincial del Poder Popular en redes sociales, ambos se encuentran bajo proceso penal luego de que una inspección revelara graves irregularidades en la calidad del producto transportado.

La investigación se inició tras una denuncia ciudadana, lo que llevó a un operativo conjunto en la ruta de la bodega No. 1 del reparto La Loma. En el procedimiento participaron inspectores provinciales, especialistas económicos y agentes del Departamento Técnico Investigativo (DTI).

Los resultados fueron alarmantes. De los 392 litros de leche que debían distribuirse, se detectó que el producto tenía una densidad de apenas 16.5 g/mL, muy por debajo de los 30 g/mL establecidos como norma. Este dato apunta a una clara adulteración, presumiblemente mediante la adición de agua.

Además, las autoridades encontraron un sobrante de 202 litros sin justificación, lo que sugiere un posible desvío de recursos en un país donde la leche es un producto escaso, especialmente para los niños.

El Gobierno provincial aseguró que “no habrá tolerancia” ante este tipo de conductas, en particular cuando afectan a sectores vulnerables como la infancia. Sin embargo, más allá del discurso oficial, el caso vuelve a poner en evidencia problemas estructurales mucho más profundos.

En lugar de abordar las causas de fondo —como la escasez crónica, la mala gestión estatal y el colapso del sistema productivo— el régimen opta por calificar estos hechos como “sabotaje”, una figura penal que históricamente ha sido utilizada para criminalizar situaciones derivadas de la propia ineficiencia del sistema.

En Cuba, donde la leche normada apenas alcanza y muchas veces no llega a tiempo o en condiciones adecuadas, los casos de adulteración y desvío no son aislados. Forman parte de una cadena de irregularidades que se repite en distintos puntos del país, impulsada por la precariedad, los bajos salarios y la falta de control efectivo.

Las autoridades también informaron la imposición de multas de hasta 10,000 pesos a los implicados por violaciones de las normas de calidad, así como la devolución del producto a la empresa estatal para su reprocesamiento.

Pero más allá de las sanciones, la indignación crece entre la población. Para muchos cubanos, resulta difícil aceptar que alimentos destinados a niños sean manipulados en medio de una crisis que obliga a miles de familias a hacer largas colas o depender de envíos del exterior para garantizar lo básico.

Fuente: Gobierno Provincial Las Tunas y Periódico Las Tunas

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