La provincia de Matanzas enfrenta uno de los escenarios más complejos de los últimos años debido a la crisis energética y al desabastecimiento de productos básicos. En respuesta, el Gobierno provincial y el Partido Comunista orientaron a los municipios reforzar la producción y comercialización diaria de alimentos elaborados, con la meta de alcanzar al menos a un tercio de la población en medio de los prolongados cortes eléctricos y la falta de combustible.

Ante la imposibilidad de cocinar con regularidad por la ausencia de electricidad o gas, las autoridades promovieron el uso de carbón como alternativa para la elaboración de comidas y pan. Paralelamente, empresas estatales de comercio asumieron la producción a gran escala de opciones económicas como croquetas, masas listas para pizza, fideos y caldos concentrados, buscando ofrecer soluciones rápidas a las comunidades más afectadas.

Durante un encuentro extraordinario del Consejo de Energía, encabezado por el primer secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, y la gobernadora Marieta Poey Zamora, se aprobaron medidas adicionales para enfrentar la contingencia. Entre ellas destacan la preparación y entrega de alimentos en barrios vulnerables, el fortalecimiento del Sistema de Atención a la Familia para asistir a personas en situación de riesgo, la reducción de actividades no esenciales para ahorrar energía y una supervisión más estricta de los grandes consumidores eléctricos.

La agricultura local también fue incorporada al plan de emergencia. Se priorizó la siembra y cosecha de cultivos resistentes como yuca, plátano, malanga y batata, así como la organización de ferias agropecuarias en todos los municipios, con una oferta ampliada de hortalizas y vegetales frescos.

En paralelo, se anunció la llegada de 70 toneladas de arroz destinadas a la distribución normada, lo que permitirá entregar dos libras por consumidor en diciembre. Sin embargo, la limitada cantidad y los retrasos en la entrega reflejan las dificultades estructurales del sistema de abastecimiento, agravadas por la caída significativa de la producción nacional.

A pesar de los esfuerzos oficiales, la combinación de apagones de hasta 22 horas diarias y escasez sostenida ha incrementado el malestar social. La población continúa enfrentando incertidumbre en un contexto donde las soluciones aplicadas son percibidas como temporales frente a una crisis de mayor profundidad.

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