El activista cubano Manuel Viera confirmó su salida forzada de Cuba tras denunciar presiones, amenazas y actos de intimidación atribuidos a la Seguridad del Estado. Según su testimonio, la decisión no fue voluntaria, sino consecuencia directa del acoso sostenido y del temor a represalias contra su familia, especialmente su hija. Su caso vuelve a poner en el centro del debate el uso del exilio forzado como mecanismo de control político en la Isla.

Según Viera, durante años fue citado, vigilado y amenazado por funcionarios que, desde posiciones de poder, intentaron quebrarlo psicológicamente. Asegura que las advertencias incluyeron menciones explícitas a sus seres queridos, una práctica documentada por organizaciones de derechos humanos como método de presión para silenciar a voces críticas. La salida del país, relata, fue vivida como un desgarro personal: dejar Cuba para proteger a la familia y evitar la cárcel.

El caso ilustra una realidad que afecta a miles de cubanos: la migración como única vía de supervivencia ante un sistema que penaliza la disidencia.

Para muchos, irse no significa renunciar al país, sino preservar la vida, la libertad y la integridad familiar mientras no existan garantías básicas de derechos. En ese contexto, el exilio se convierte en refugio temporal y en plataforma para denunciar abusos, no en una elección libre.

Expertos y activistas coinciden en que la salida forzada de opositores debilita el tejido social y priva al país de voces críticas internas. Sin embargo, también subrayan que la responsabilidad recae en un entorno represivo que empuja a la gente a marcharse. La demanda central no es la violencia ni la revancha, sino cambios políticos reales, justicia, rendición de cuentas y el fin de la persecución.

Viera sostiene que regresará cuando existan condiciones para hacerlo sin miedo. Mientras tanto, afirma que seguirá denunciando desde el exterior lo que vivió en Cuba. Al cierre, reproducimos íntegramente sus palabras publicadas el 11/1/26:

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