El abogado José Luis Pérez Jiménez ha levantado la voz contra las extorsiones que sufren cubanos, colombianos y venezolanos en los aeropuertos de Tijuana y Ciudad Juárez, México. Según sus declaraciones, agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional están implicados en exigir pagos de entre 600 y 1,000 dólares a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.

Pérez Jiménez señala que los migrantes utilizan Tapachula como punto de partida para evitar ser detenidos. Desde allí, algunos logran avanzar hasta Oaxaca y Cancún, donde adquieren boletos de avión hacia Tijuana o Ciudad Juárez. Sin embargo, al llegar a estos destinos, son separados del grupo por agentes de la Guardia Nacional y Migración, quienes les exigen dinero a cambio de la entrega de sus documentos y la posibilidad de abandonar las instalaciones.

El abogado ha documentado varios casos de cubanos y dominicanos que han enfrentado estas extorsiones en el Aeropuerto Internacional Xoxocotlán en Oaxaca y el Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez en Tijuana. En este último, los agentes solicitan hasta 600 dólares para evitar el retorno de los migrantes a Tabasco o Chiapas.

En Ciudad Juárez, los migrantes cubanos han reportado pagos de hasta 1,000 dólares en la terminal Abraham González para evitar ser devueltos a la frontera sur del país.

José Luis Pérez Jiménez critica la política migratoria de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, calificando a México como un "muro de contención" para Estados Unidos. Además, menciona que Chiapas se ha convertido en un laboratorio de experimentos sociales bajo esta administración.

Los abusos hacia los migrantes no solo se limitan a los aeropuertos. En Coahuila, específicamente en la terminal de autobuses de Monclova, migrantes cubanos y venezolanos enfrentan la negativa de venta de boletos bajo el pretexto de posibles repercusiones legales para los choferes que los transporten. Según Daniel González Méndez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Monclova, esta situación ha obligado a muchos migrantes a realizar trayectos peligrosos a pie, enfrentando temperaturas extremas.

En respuesta a estas denuncias, las autoridades locales han intensificado los operativos de vigilancia y detención de migrantes, exigiendo pagos de entre 50 y 80 dólares para permitirles continuar su trayecto.

Estas prácticas discriminatorias y extorsivas no solo vulneran los derechos humanos de los migrantes, sino que también ponen en riesgo su seguridad y bienestar en su búsqueda de mejores condiciones de vida.

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