Como parte de las proyecciones gubernamentales para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, Cuba ha establecido una regulación del límite de ganancia en las compras del sector estatal al sector no estatal. La Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición Ordinaria No. 57, publica la Resolución No. 209 del 25 de junio de 2024, del Ministro de Finanzas y Precios, la cual establece que las entidades estatales, en el proceso de contratación económica con las formas de gestión no estatal para la adquisición de bienes y servicios, deben concertar precios y tarifas cuya tasa de utilidad máxima no exceda del 30% sobre el total de los costos y gastos, incluyendo los impuestos sobre las Ventas y los Servicios.

Esta norma también otorga facultades a los consejos provinciales y a los consejos de la Administración municipales para aprobar los precios y tarifas máximas de los bienes y servicios seleccionados, tomando en cuenta las particularidades de cada territorio. La norma entrará en vigor a partir del 1º de julio de 2024.

La regulación del límite de ganancia en las compras del sector estatal al no estatal en Cuba es una medida que refleja una comprensión errónea de cómo funciona la economía. Esta acción es un intento de controlar la inflación mediante el establecimiento de topes en los precios y ganancias, una estrategia que históricamente ha demostrado ser ineficaz y contraproducente.

El control de precios no aborda las causas fundamentales de la inflación. En lugar de imponer límites artificiales a las ganancias, el enfoque correcto debería centrarse en aumentar la productividad y la producción de bienes y servicios. Una economía saludable y en crecimiento se basa en la capacidad de generar más productos y servicios, lo que naturalmente ayuda a equilibrar la oferta y la demanda, y a controlar la inflación.

Además, es crucial evitar la emisión monetaria descontrolada, que es uno de los principales factores que contribuyen a la inflación. En Cuba, la inflación ha sido exacerbada por la excesiva emisión de dinero sin respaldo en la producción real de bienes y servicios. Esto devalúa la moneda y reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos, creando un ciclo vicioso de aumentos de precios que los controles de ganancias no pueden romper.

Las experiencias de otros países han demostrado que el control de precios puede llevar a escasez de productos, mercados negros y una reducción en la calidad de los bienes y servicios. En lugar de incentivar la producción y la eficiencia, tales medidas desalientan la inversión y la innovación, ya que los productores no tienen la motivación para mejorar sus procesos y productos cuando sus ganancias están limitadas por decreto.

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