La conocida como Ley de Nietos, incorporada a la Ley de Memoria Democrática, se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación política en España. Mientras el opositor Partido Popular (PP) y Vox sostienen que la ampliación del acceso a la nacionalidad española podría tener un impacto sobre el censo electoral, el Gobierno de Pedro Sánchez rechaza esas acusaciones y defiende que la norma responde a un proceso de reparación histórica para los descendientes de españoles que abandonaron el país durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La aplicación de la denominada Ley de Nietos ha abierto un nuevo frente político en España a raíz del creciente número de personas que han obtenido o tramitan la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

El debate se intensificó después de que el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo afirmara que el Gobierno podría estar utilizando este proceso como una forma de ampliar el censo electoral. El dirigente popular calificó la medida como una supuesta "ingeniería electoral" y aseguró que el Ejecutivo busca incorporar nuevos votantes mediante la concesión de nacionalidades.

Desde el Gobierno, la ministra y portavoz Elma Saiz rechazó esas declaraciones y sostuvo que la ley tiene como finalidad reparar una injusticia histórica con los descendientes de españoles exiliados o emigrados durante el franquismo. Según el Ejecutivo, cuestionar este proceso sin presentar pruebas supone generar desconfianza sobre un procedimiento administrativo regulado por la legislación vigente.

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, amplió las posibilidades de acceder a la nacionalidad española para hijos, nietos e incluso algunos bisnietos de españoles que perdieron o renunciaron a su ciudadanía debido al exilio o a distintas circunstancias históricas. Hasta marzo de 2026 se habían aprobado alrededor de 545.000 expedientes y más de 306.000 nuevos ciudadanos ya figuraban inscritos en los registros civiles consulares con derecho a voto.

La polémica tiene especial repercusión entre los descendientes de españoles residentes en América Latina, especialmente en Cuba, donde miles de solicitudes continúan tramitándose en el Consulado General de España en La Habana.

En paralelo, Vox ha solicitado a la Junta Electoral Central revisar el sistema de voto exterior y limitar el voto por correo de los españoles residentes fuera del país, al considerar que el fuerte incremento del censo requiere mayores controles. El Gobierno sostiene que estas propuestas restringirían derechos reconocidos a ciudadanos españoles residentes en el extranjero.

Mientras continúa la tramitación de expedientes, la Ley de Nietos ha pasado de ser una norma de memoria histórica a convertirse en uno de los asuntos centrales del debate político español, con posiciones enfrentadas sobre su alcance, sus efectos y su impacto en el futuro censo electoral.

Fuente: El País

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