El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) entró en vigor este 14 de febrero tras el fracaso de las negociaciones en el Senado para aprobar nuevos fondos. La medida, que afecta exclusivamente a las agencias supeditadas a Seguridad Nacional, vuelve a colocar en el centro del debate el futuro inmediato del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sin embargo, a pesar del cierre, las operaciones de ICE no se detendrán. Legisladores republicanos han subrayado que la agencia cuenta con recursos sustanciales aprobados previamente dentro del paquete fiscal impulsado por el presidente Donald Trump. Ese paquete asignó cerca de 75.000 millones de dólares a ICE y unos 65.000 millones a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), fondos que pueden seguir utilizándose para operativos de control migratorio y deportaciones.

En términos prácticos, esto significa que, aunque el DHS esté técnicamente sin nuevo financiamiento, las redadas, detenciones y procesos de expulsión continuarán en su mayor parte sin interrupciones inmediatas. Para comunidades migrantes, el mensaje es claro: el cierre no implica una pausa en la aplicación de las leyes migratorias federales.

El impacto más directo recaerá nuevamente sobre los empleados federales. De los más de 270.000 trabajadores del DHS, la gran mayoría será considerada “esencial”, lo que implica que deberán continuar laborando sin recibir salario hasta que el Congreso apruebe un nuevo presupuesto. Esta situación ya generó tensiones durante el cierre de 43 días ocurrido meses atrás, cuando miles de trabajadores enfrentaron dificultades financieras severas.

Agencias como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) también operarán con personal esencial. Aunque los aeropuertos seguirán funcionando, existe el riesgo de demoras si aumentan las ausencias laborales, especialmente en terminales pequeñas con un solo punto de control.

El cierre también afecta a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que podría ver limitada su capacidad para reembolsar gastos asociados a desastres naturales, así como suspender programas de capacitación y coordinación con estados.

Mientras continúan las negociaciones políticas, la incertidumbre persiste. No obstante, en lo que respecta a ICE, todo indica que sus operaciones seguirán activas gracias a los fondos ya aprobados. El verdadero costo inmediato del cierre no será la paralización de la política migratoria, sino la presión económica y laboral sobre miles de empleados federales que, una vez más, deberán trabajar sin cobrar en medio de un impasse político que aún no muestra señales claras de resolución.

Fuente: CBS News

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