Un residente de Miami Beach fue detenido tras una investigación federal que reveló múltiples mensajes amenazantes publicados en redes sociales contra el presidente estadounidense y otros funcionarios, en un caso que vuelve a poner el foco en la seguridad de líderes políticos.

Un hombre de 32 años, identificado como Nathaniel Sanders II, enfrenta cargos federales en Estados Unidos tras ser acusado de emitir amenazas de muerte a través de redes sociales contra el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y la exfiscal general Pamela Bondi.

De acuerdo con documentos judiciales, las publicaciones se extendieron durante varios meses, desde enero hasta abril, principalmente en plataformas como X e Instagram. Las autoridades señalan que el contenido incluía mensajes explícitos de violencia, algunos de ellos acompañados de declaraciones en video en las que el acusado reiteraba sus intenciones.

La investigación fue iniciada por el Servicio Secreto tras detectar una publicación en la que Sanders hacía referencia a un ataque contra la Casa Blanca. A partir de ese momento, los agentes comenzaron a monitorear su actividad digital, observando una escalada en el tono y la gravedad de las amenazas.

Según el expediente, el acusado no solo dirigió mensajes contra el presidente, sino que también lanzó advertencias directas contra Marco Rubio y Pamela Bondi. En algunos casos, utilizó lenguaje mixto en inglés y español, y llegó a describir de manera explícita supuestos planes de agresión. Las autoridades consideran que estas acciones constituyen delitos federales, independientemente de si existía o no la capacidad inmediata de llevarlas a cabo.

Agentes federales visitaron posteriormente la residencia del sospechoso en Miami Beach para interrogarlo. Durante ese encuentro, lejos de retractarse, habría reiterado sus acusaciones y hostilidad hacia los funcionarios mencionados.

El caso fue formalizado ante un tribunal federal en el sur de Florida, donde se le imputan dos cargos principales: amenazas contra el presidente de Estados Unidos y transmisión de amenazas a través de canales interestatales. Cada uno de estos delitos conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, lo que podría sumar hasta una década de condena si es declarado culpable.

Este incidente se suma a una serie de casos recientes en Estados Unidos relacionados con amenazas a figuras políticas, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia sobre el uso de redes sociales como canal para este tipo de conductas. Las autoridades insisten en que este tipo de mensajes no están protegidos como discurso político, sino que representan riesgos reales para la seguridad pública y el orden institucional

Fuente: Local 10

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