Una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump podría transformar la relación entre los bancos y millones de inmigrantes en Estados Unidos. Aunque la medida no obliga a verificar el estatus migratorio de todos los clientes, sí abre la puerta a controles más estrictos sobre cuentas, préstamos y tarjetas de crédito vinculadas a personas sin documentos legales.
La administración de Donald Trump volvió a colocar la inmigración en el centro del debate nacional, esta vez con un impacto directo sobre el sistema financiero estadounidense. A través de una nueva orden ejecutiva, el gobierno instruyó a organismos reguladores como el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC a revisar los riesgos asociados a clientes bancarios sin estatus migratorio legal.
La medida, presentada bajo el argumento de “proteger la integridad del sistema financiero”, no exige de forma inmediata que los bancos pidan pruebas de ciudadanía a todos sus usuarios. Sin embargo, sí obliga a las entidades financieras a reforzar la evaluación de riesgos relacionados con clientes que podrían enfrentar procesos de deportación o dificultades futuras para pagar créditos y préstamos.
El anuncio genera preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes y expertos financieros. Muchos advierten que las nuevas políticas podrían traducirse en mayores obstáculos para abrir cuentas bancarias, solicitar hipotecas o acceder a tarjetas de crédito, especialmente para quienes utilizan un ITIN, el número fiscal empleado por personas que no poseen Seguro Social.
Actualmente, miles de inmigrantes sin documentos participan activamente en la economía formal de Estados Unidos. Pagan impuestos, alquilan viviendas y mantienen cuentas bancarias. Sin embargo, la nueva estrategia podría empujar a parte de esta población fuera del sistema financiero tradicional, aumentando el uso de efectivo y servicios informales con mayores riesgos de fraude y abusos.
Algunas señales de endurecimiento ya habían comenzado a aparecer desde finales de 2025. Bancos importantes como Bank of America enviaron notificaciones a ciertos clientes solicitando actualización de datos migratorios y documentación adicional.
El verdadero alcance de la orden dependerá de las regulaciones que se publiquen en los próximos 60 días. Los organismos federales deberán definir cómo se aplicarán los nuevos controles y qué tipo de información podrán solicitar los bancos a sus clientes.
Mientras tanto, el temor y la incertidumbre crecen entre millones de familias inmigrantes que ven con preocupación la posibilidad de quedar excluidas del acceso a servicios financieros básicos. Para muchos, esta nueva política representa no solo un cambio administrativo, sino también una señal de que la presión migratoria podría extenderse ahora al corazón del sistema bancario estadounidense.
Fuentes: The White House
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