La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un importante fallo al dictaminar que el gobierno no puede deportar a migrantes sin respetar el debido proceso legal. Con una votación de 7 a 2, el máximo tribunal bloqueó temporalmente las expulsiones exprés de ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer al grupo criminal conocido como el Tren de Aragua, quienes estaban siendo deportados bajo la antigua y controvertida Ley de Enemigos Extranjeros.
El dictamen representa un freno a la política migratoria impulsada por Donald Trump, quien había invocado esta ley —promulgada en 1798 y raramente utilizada— para justificar expulsiones inmediatas por razones de seguridad nacional. A través de esta norma, que ha sido usada históricamente solo en situaciones extremas como la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales, Trump ordenó la deportación de más de 200 venezolanos hacia El Salvador, donde fueron retenidos en condiciones de máxima seguridad.
"La Corte Suprema dejó claro que ningún migrante puede ser privado de sus derechos fundamentales sin la oportunidad de defenderse en tribunales", subrayó un representante legal de los demandantes.
El fallo establece que los migrantes tienen derecho a un plazo razonable —mayor a 24 horas— para preparar su defensa, ya que los avisos breves sin información suficiente vulneran el debido proceso constitucional.
El caso será remitido al Quinto Circuito, donde tribunales inferiores deberán determinar los procedimientos legales que se ajusten a la protección de los derechos de los migrantes detenidos en Texas. La decisión fue respaldada incluso por dos jueces conservadores nombrados por el propio Trump, lo que refuerza el consenso sobre la necesidad de límites a los poderes ejecutivos en materia migratoria.
"La aplicación acelerada de esta ley revive prácticas discriminatorias del pasado y pone en riesgo a personas que podrían no representar ningún peligro real para la seguridad nacional", advirtieron defensores de derechos humanos. Varias organizaciones legales han señalado que esta política impide a los afectados presentar apelaciones, reuniendo características propias de una expulsión arbitraria.
En respuesta al fallo, Trump lanzó un duro mensaje a través de Truth Social, acusando a la Corte de “impedir que el presidente proteja a los ciudadanos”. En su declaración, lamentó que la medida permita que “asesinos y pandilleros” permanezcan en el país mientras se desarrollan procesos judiciales prolongados.
A pesar de la controversia, el fallo subraya un principio clave del sistema legal estadounidense: todos, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a ser escuchados en un tribunal. La decisión no solo detiene una serie de deportaciones inmediatas, sino que también reaviva el debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos civiles en tiempos de tensión política y social.
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