El Tribunal Provincial Popular de La Habana emitió sentencia contra 20 personas implicadas en los disturbios violentos ocurridos en junio de 2024 en las inmediaciones del Parque Tecnológico Finca de los Monos, en el municipio Cerro, durante una actividad por el inicio del verano.
Según informaron medios estatales en la emisión del Noticiero del Mediodía, tras la celebración de la vista oral y pública durante dos jornadas, el tribunal dictó penas de privación de libertad de entre cuatro y ocho años para 18 de los acusados. Otro de los procesados fue condenado a tres años de trabajo correccional sin internamiento debido a su condición médica, y uno más recibió una sanción similar de siete años por haber mantenido una conducta positiva antes y después de los sucesos.
El tribunal calificó los hechos como delitos de desórdenes públicos y portación y tenencia ilegal de armas o explosivos, considerando agravantes tanto el entorno como las circunstancias: una actividad masiva con presencia de menores de edad, donde los implicados actuaron con violencia y la intención de imponer autoridad.
Los hechos ocurrieron el sábado 8 de junio de 2024, cuando una actividad destinada a jóvenes degeneró en una pelea violenta que dejó al menos ocho personas heridas. Aunque el evento no contaba con autorización oficial, reunió a una considerable cantidad de asistentes en un centro recreativo estatal.
Durante el juicio, que comenzó el pasado 10 de junio, se reveló que siete de los acusados se encontraban en prisión provisional, dos de ellos por la presunta comisión de delitos adicionales. Los otros once esperaban el juicio en libertad. Las investigaciones preliminares presentadas por la Fiscalía confirmaron los delitos antes mencionados.
La Fiscalía también informó que las investigaciones relacionadas con otros posibles implicados fueron archivadas de manera temporal, aunque podrían reactivarse si aparecen nuevos elementos probatorios.
El tribunal insistió en que la respuesta judicial fue adoptada respetando los derechos y garantías procesales de los acusados. Además, subrayó que, a pesar de tratarse mayoritariamente de jóvenes, los principios de educación y reinserción social no excluyen la aplicación firme de la ley cuando se trata de preservar el orden y la seguridad ciudadana.
Con esta sentencia, las autoridades buscan enviar un mensaje disuasivo frente a hechos de violencia callejera que, según el discurso oficial, atentan contra la estabilidad social. Sin embargo, activistas y observadores independientes han cuestionado en otras ocasiones la transparencia de procesos judiciales en los que predominan jóvenes como acusados, especialmente en casos con gran carga mediática.
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