Una nueva batalla legal se libra en una corte federal de Boston en defensa de miles de migrantes beneficiarios del programa de parole humanitario que la administración Biden lanzó en 2023.
Un grupo de patrocinadores y beneficiarios, con el respaldo de organizaciones legales como Justice Action Center, presentó una moción de juicio sumario con el objetivo de bloquear la cancelación masiva de permisos de residencia y trabajo que ha comenzado a ejecutar la administración Trump tras su regreso al poder en 2025.
Esta acción legal, aunque no busca cambiar las condiciones del parole, intenta frenar de inmediato la revocación de beneficios y acelerar el procesamiento de solicitudes pendientes antes de que el programa fuera suspendido.
“Si la moción se aprueba, miles de familias que ya se integraron al tejido social de EE.UU. podrían recibir un alivio temporal y conservar su derecho a permanecer legalmente en el país”, afirmó Adela de la Torre, portavoz de Justice Action Center.
El programa de parole humanitario fue una herramienta clave para ofrecer un camino legal y seguro a personas procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, países afectados por crisis profundas.
Desde su creación, más de 530,000 migrantes, entre ellos unos 110,000 cubanos, obtuvieron permisos de entrada y trabajo. Sin embargo, la administración Trump argumenta que el programa debilita el control migratorio y lo considera una mala aplicación del poder ejecutivo. La Corte Suprema respaldó su derecho a revocar el parole, aunque dejó abierta la posibilidad de continuar con el litigio en instancias inferiores.
La moción presentada también exige que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) reanude de forma urgente el procesamiento de solicitudes ya entregadas antes de la suspensión. Aunque el USCIS comenzó a revisarlas nuevamente, los demandantes denuncian falta de claridad en el calendario, lo que prolonga la incertidumbre para miles de personas que esperan una respuesta definitiva.
“Muchos de estos migrantes ya tienen trabajos, casas, hijos en escuelas y una vida establecida. Cancelar sus permisos sin un debido proceso representa una violación del principio de buena fe que debe guiar toda política pública”, argumentaron los abogados del caso.
En una movida sorpresiva, el Departamento de Seguridad Nacional envió correos a los beneficiarios del programa informándoles de la revocación de sus permisos y recomendándoles abandonar el país voluntariamente. De no hacerlo, enfrentan detención o deportación inmediata, sin opción de regularizar su situación ni defenderse legalmente.
El impacto de esta decisión va más allá de lo jurídico. Miles de personas enfrentan el riesgo de ser arrancadas de sus hogares y comunidades sin previo aviso. La resolución de la moción ante la corte federal de Boston puede marcar un punto de inflexión para la política migratoria de EE.UU., al definir si el país respeta los compromisos asumidos con quienes ingresaron legalmente bajo un marco establecido.
Mientras tanto, la comunidad migrante y las organizaciones que la respaldan esperan con ansiedad una decisión que podría significar la diferencia entre la deportación o la oportunidad de continuar su proyecto de vida en Estados Unidos. Aunque el futuro es incierto, esta moción representa, por ahora, una luz de esperanza en medio de un panorama sombrío.
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