Ocho personas vinculadas al movimiento opositor Cuba Primero podrían ser juzgadas el próximo 28 de mayo en Las Tunas, según denunció la organización Justicia 11J a partir de información aportada por familiares de los acusados.
La Fiscalía cubana solicita condenas de entre seis y nueve años de prisión por el supuesto delito de “propaganda contra el orden constitucional”. De acuerdo con la documentación revisada por Justicia 11J, las acusaciones se basan en la pertenencia de los procesados al grupo opositor y en publicaciones críticas difundidas en redes sociales.
Las penas solicitadas son las siguientes: nueve años para Javier Reyes Peña; ocho años para Guillermo Carralero López y Adisbel Mendoza Barroso; siete años para Carlos Manuel Santiesteban Saavedra, Carlos Alberto McDonald Ennis, Enrique González Infante y Pedro Carlos Camacho Ochoa; y seis años para Maikel Hill Ramírez.
La organización denunció además que siete de los ocho acusados llevan más de dos años en prisión provisional, una práctica que calificó como una forma de “castigo político” antes de la celebración del juicio.
Entre los procesados hay personas con problemas de salud y al menos uno de ellos se encuentra bajo medida extrapenal por razones médicas. Según fuentes familiares citadas por Justicia 11J, Javier Reyes Peña y Pedro Carlos Camacho Ochoa permanecen en celdas de castigo dentro de la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como “El Típico”, pese a no haber cometido indisciplinas dentro del penal.
Camacho Ochoa, de 27 años, fue arrestado el 3 de abril de 2024. La organización Prisoners Defenders lo identifica como una persona con problemas de salud, incluyendo hipertensión y trastornos de personalidad. Antes de este proceso ya había sido sancionado con una multa por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones de la prisión de Las Tunas, señalando carencias de medicamentos, dificultades de acceso al agua, falta de atención médica y presuntos actos de hostigamiento contra presos políticos.
El caso vuelve a poner el foco sobre el escenario represivo posterior a las protestas del 11J, consideradas las mayores manifestaciones antigubernamentales ocurridas en Cuba en décadas. Ninguno de los acusados enfrenta cargos relacionados con actos violentos; las imputaciones se sostienen exclusivamente en su activismo político y expresiones públicas en internet.
Justicia 11J advirtió que este proceso refleja un patrón de criminalización de la libertad de expresión y asociación en Cuba, además de posibles violaciones al debido proceso. Según la organización, el juicio podría resolverse en pocos días si el tribunal mantiene la fecha prevista para finales de mayo.
Fuentes: Publicación de Justicia11J Detenciones por Motivos Políticos