El expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha dado una señal clara del nivel de crisis que atraviesa su movimiento político: ordenó a sus aspirantes a cargos públicos desafiliarse de su propio partido para poder participar en las próximas elecciones locales.
La decisión llega después de que la organización Revolución Ciudadana fuera suspendida por la justicia electoral en medio de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la campaña presidencial de 2023, en la que se señalan posibles fondos procedentes de Venezuela.
Ante este escenario, Correa no dudó en pedir a sus seguidores que abandonen formalmente la militancia para evitar quedar fuera del proceso electoral. El mensaje, difundido en redes sociales, deja al descubierto una estrategia política marcada por la improvisación y la presión judicial.
El contexto es aún más tenso tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar los comicios municipales y provinciales para noviembre, bajo el argumento de posibles afectaciones climáticas por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, el exmandatario ha rechazado esa explicación y acusa al gobierno de intentar debilitar a la oposición.
Más allá del discurso político, lo cierto es que el correísmo enfrenta uno de sus momentos más delicados. La suspensión de su partido —por un período inicial de nueve meses— se produjo tras una denuncia de la Fiscalía que investiga un supuesto esquema de financiamiento irregular, conocido como el caso “Caja Chica”.
En esa investigación aparecen nombres clave del movimiento, incluyendo a la excandidata presidencial Luisa González y al propio Correa, señalados por presuntamente haber recibido dinero ilícito en efectivo para sostener la campaña electoral. Aunque las acusaciones no han sido probadas en tribunales, el caso ha golpeado fuertemente la credibilidad del grupo.
A esto se suma el testimonio de un excolaborador del correísmo que, sin aportar pruebas concluyentes, aseguró haber trasladado dinero desde Venezuela por órdenes del exmandatario. Estas declaraciones han sido utilizadas por las autoridades para justificar allanamientos y acciones judiciales contra figuras cercanas al movimiento.
El resultado es una organización política debilitada, sin estructura legal para competir y obligada a recurrir a maniobras como la desafiliación masiva de sus propios candidatos para sobrevivir electoralmente.
La situación recuerda prácticas comunes en regímenes autoritarios, donde las estructuras políticas se adaptan a conveniencia del poder o de sus líderes, incluso sacrificando la coherencia institucional. En el caso ecuatoriano, la crisis del correísmo también refleja los riesgos de proyectos políticos altamente personalistas, dependientes de una sola figura.
Fuente: EFE
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